Vista general de la ciudad de Ibiza desde el barrio de Can Misses.

Un total de 107 familias de Ibiza han accedido a las ayudas del plan estatal de vivienda para aquellos núcleos familiares con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros y alquileres de hasta 600 euros mensuales. Según explicó ayer en Ibiza el conseller balear de Territori, Marc Pons, solo 23 familias que solicitaron la subvención se han quedado fuera de esta línea de ayudas, que alcanzan hasta el 40% del alquiler anual y que, en el caso de la isla, ha supuesto 2.226 euros de media por familia y año (el máximo fijado era de 2.400).

«Esta cifra supone un incremento del 73% en el número de familias beneficiadas respecto al año pasado», precisó Pons, quien atribuyó el aumento a la puesta en marcha de la oficina de la vivienda del Consell Insular, que «ha hecho un servicio de acompañamiento, de recordar la documentación necesaria y de facilitar trámites administrativos a las familias». Por municipios, ha habido 51 familias beneficiadas por estas ayudas en Vila; 33 en Sant Antoni; 12 en Sant Josep; 10 en Santa Eulària y una en Sant Joan.

Reunión con el ministro

Tras la exposición de Pons intervino la vicepresidenta del Consell d’Eivissa, Viviana de Sans, para recordar que esta bonificación apenas tiene relevancia en una isla «paradigmática» en la escalada de los precios de los alquileres: «Permitidme ser más realista con este tema, en Ibiza tenemos aproximadamente 36.000 personas en el umbral de la pobreza». Se trata de un 24% de la población. La consellera de Podemos ha pedido al Govern que en la próxima reunión de la mesa sectorial de la vivienda con el nuevo ministro, Íñigo de la Serna, el próximo 15 de diciembre, exija que sean las Comunidades Autónomas las que regulen y decidan el tope máximo de las ayudas al alquiler. Marc Pons confirmó que el Govern solicitará al ministerio que incremente ese tope de 600 euros para el caso de Balears. «Esto abriría las posibilidades de recibir ayudas a más familias», concluyó.

De Sans también trasladó a Pons que en ese encuentre solicite la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos «para acotar la explotación turística porque la LAU –dijo la vicepresidenta– permite abrir la puerta al alquiler turístico de viviendas residenciales de forma legal».