La razón es simple: la demanda del alquiler se ha disparado y la oferta disminuye. Muchas viviendas están abandonando el mercado tradicional para entrar en el del alquiler turístico, donde las estancias son de días o semanas y, por tanto, resultan mucho más rentables y atractivos. Lo que antes suponía un extra para muchas familias es hoy un auténtico negocio que explotan desde particulares hasta bandas organizadas.
En ciudades como Berlín o París ya limitan por ley el precio de los alquileres. En Barcelona, donde padecen una problemática similar a la nuestra, se pondrán precios máximos recomendados y se ha sancionado a grandes plataformas de alquileres con multas ejemplares. Pero no es suficiente. Ni en la Ciudad Condal ni en Ibiza se pueden sancionar los excesos de precios al no haber una ley que lo permita.
Mientras los precios se disparan el salario mínimo no alcanza los 700 euros. Muchos trabajadores están siendo ‘desahuciados’ por sus caseros, que ven en el alquiler vacacional una oportunidad para enriquecerse por la vía rápida.
El precio medio del alquiler en la isla supera con creces los mil euros. La isla está mutando en parque temático y el derecho a la vivienda es solo para los que pueden pagar la entrada –de varios miles de euros– o aceptan vivir hacinados y o compartiendo habitación.
Mientras las administraciones ibicencas aguardan con asombrosa complicidad las tibias leyes de Vivienda y Alquiler Turístico Vacacional que preparan en Mallorca, muchos residentes se debaten entre apretarse todavía más el cinturón y aceptar alquileres abusivos o abandonar humillados una isla que ya sentían como propia.
Aunque esta semana han ocurrido otras muchas cosas en Ibiza, como el intolerable lanzamiento de piedras sobre los operarios de las obras de la Marina y Plaza del Parque, el asunto de la vivienda y alquiler siguen de plena y preocupante actualidad.
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