«Mezclar a turistas y residentes en bloques de pisos sería un error histórico»

—En su balance del año, ¿qué aspectos destacaría por su relevancia para Ibiza?
—Lo más destacado ha sido la excelentísima temporada turística que hemos vivido, aunque esa riqueza deberíamos poder redistribuirla mejor. Pero ha significado más trabajo y más familias con más posibilidades de bienestar. Ha habido muchos proyectos que verán la luz en 2017. Hemos puesto el contador del Consell de 0 a 100 en poco a tiempo.

—Por comenzar con lo más reciente, ¿se siente solo incluso dentro de su partido en la defensa de la regularización de los alquileres turísticos del Govern?
—En los acuerdos del cambio llevábamos un punto para regularizar este asunto de los alquileres turísticos. Hay entre 40.000 y 50.000 camas que son alquileres turísticos alegales y necesitamos una nueva regulación para poder perseguir este tipo de alquileres. Siempre he defendido una nueva regulación para dotarnos de mejores instrumentos, pero nunca he defendido que se legalicen los alquileres turísticos. Sería un error histórico mezclar turistas con residentes. El Govern al menos ha dejado la puerta abierta para que se regule desde Ibiza.

—¿No sería más efectiva la lucha contra los pisos turísticos aumentando la plantilla de inspectores e imponiendo más sanciones, incluso a plataformas como Airbnb o HomeAway?
—Ya hemos iniciado este año el control de todo esto. Hemos mandado muchísimas cartas a muchísimos propietarios que tenían viviendas en alquiler por semanas, como servicio turístico, o que se veía un trasfondo turístico a su anuncio, y en muchos casos ha funcionado y muy bien. En muchos casos hemos mandado SMS a gente que ni siquiera sabía que estaban alquilando su piso en internet. Gente que tiene un contrato perfectamente legal a través de la LAU y las personas que se lo arriendan luego lo ponen en circuitos de internet de alquileres turísticos. Hemos avanzado bastante pero el servicio de inspección a pesar de que está en constante control con este tipo de alquileres, es muy difícil perseguirlo todo. Tal como está el aparato burocrático y la ley es muy difícil poder perseguir de manera efectiva los alquileres turísticos, los bares y restaurantes, hoteles que tienen que pasar inspecciones, quejas de clientes... Es un volumen de trabajo muy grande. Seguramente incluso doblando la plantilla no tendríamos la efectividad que nos gustaría.

—¿Han pedido que se modifique la LAU para definir mejor el alquiler turístico?
—Sí, pero el Ministerio no nos ha hecho ni caso. La LAU dice claramente que el acuerdo se puede realizar por escrito o verbalmente. Lo que sí dice es que los alquileres de corta duración se legislarán en las comunidades autónomas. Por eso se está haciendo ahora esta regulación; sin ella no tenemos ese cambio de ‘corto espacio de tiempo’ frente a lo que dice la LAU. Nosotros hemos abierto expedientes que han derivado en proceso sancionador y que hemos perdido desde el Consell Insular porque siempre aparecen contratos de estos, a no ser que hayamos probado la comercialización.

—Además de los alquileres de pisos a turistas está el problema de la vivienda. ¿Qué va a hacer el Consell para tratar de atajarlo?
—El Consell debería buscar suelo público para hacer vivienda pública, tanto en venta como en alquiler. Si con esa regulación conseguimos tener herramientas para perseguir este tipo de alquileres, esa vivienda volverá a la trama residencial del alquiler y nos podremos ver beneficiados.

—En los meses centrales del verano se dispara el intrusismo y los abusos en materia de alquileres, taxis pirata, venta ambulante, fiestas ilegales, fondeos masivos... ¿Qué ha hecho o va a hacer el Consell para reducirlos al máximo en 2017?
—Lo que podemos hacer es coordinar al máximo las diferentes administraciones que intervienen. Con los taxis pirata creo que en 2016 se ha triplicado la recaudación en sanciones, cosa que tampoco me satisface porque no tendríamos ni que sancionar, sino que no hubiera este tipo de oferta. En alquileres turísticos lo que buscamos con la nueva normativa es perseguirlos adecuadamente. Lo que a mucha gente le parece un alquiler a turistas, que causan molestias en determinadas viviendas, no dejan de ser alquileres sujetos a una normativa estatal y ni siquiera nosotros como turismo podemos intervenir. Al final un turista es una persona y es muy capaz y tiene el derecho de firmar un contrato de arrendamiento urbano con cualquier persona. Estamos buscando herramientas a nivel informático que nos den la máxima información para saber dónde dirigirnos y combatirlos. Estamos en contacto con la Agencia Tributaria, Guardia Civil, ayuntamientos, e intentamos coordinar al máximo. Pero los ayuntamientos, que tienen competencia en materia de playas, ruidos, aperturas o cierres de locales, también están muy lastrados porque tienen las plantillas que tienen y no pueden perseguir esta magnitud de personas que tenemos en la isla. Ahora en Madrid están intentando convencer al señor Montoro de que afloje un poco y que a las administraciones saneadas nos deje invertir un poco más de nuestros presupuestos en contratar inspectores, agentes locales, etc.

—Uno de los conceptos más utilizados este año es el de saturación. ¿El Consell quiere poner un límite al aforo de la isla?
—Este exceso de turistas en temporada alta produce saturación en carreteras, playas o aparcamientos, pero no deberíamos tomar decisiones en momentos coyunturales. La de 2016 y seguramente la de 2017 son temporadas excepcionales; si afrontamos otros retos, como mejorar nuestro transporte público, podríamos reducir el exceso de vehículos y disminuir la presión. Donde más hemos crecido y debemos crecer es en temporada baja y confío en que en 2017 se consolide y así disminuir la presión en los meses centrales. Si perseguimos los alquileres turísticos ilegales también disminuiremos la presión. Aena o Autoritat Portuària están abiertas 24 horas y me gustaría que también colaborasen en intentar aminorar esta presión.

—Actualmente ya hay más vehículos que personas en Ibiza. Y en verano es un auténtico caos. ¿Se va a exigir un control a las empresas de alquiler de coches para tener al menos un registro o establecer algún tipo de límite?
—El registro ya está en marcha y ya se está haciendo con las empresas de alquiler, porque además es la obligación de nuestro departamento de Turisme. Lo que tenemos que poner en marcha es una oferta de transporte público mucho más versátil, de mayor calidad y con más frecuencias de las que tenemos. Cuando seamos capaces de convencer a los residentes de que pueden dejar el coche en su casa porque van a tener una facilidad de transporte público adecuada y un precio y horarios adecuados, poco a poco iremos viendo cómo podemos evitar esos colapsos. Pero lo que no podremos hacer nunca es dimensionar la isla o sus carreteras por la cantidad de coches que nos pueden llover en verano. De cara a 2017 hemos redoblado la inversión en transporte público, aunque hasta 2018 que es cuando se deben renovar las licitaciones no veremos resultados en su totalidad. Pero este verano habrá modificaciones de calidad y cantidad en el transporte público.

—Hablando de coches y carreteras, usted siempre ha defendido el desdoblamiento de Ca na Negreta. ¿La famosa consulta fue un sapo que tuvo que tragar para contentar a Podemos?
—No, y tampoco fue un paripé. Una cosa y otra van de la mano. En nuestros acuerdos de gobierno se especifica que para los proyectos que supongan más de un 10% del presupuesto anual se convocaría una consulta. Al no tener la ley de consultas no podíamos convocar un referéndum de magnitud y se optó por esta consulta. Creo que fue seguramente mejorable pero no me desagradó y tuvimos mucha más conciencia sobre el proyecto. Desde Podemos-Guanyem también tenían muy claro que era una obra necesaria. Otra cosa era discutir si nos gustaba el Plan Sectorial de Carreteras, que a nosotros tampoco nos gusta, pero para poner en marcha la carretera teníamos que aprobarlo. Ahora lo modificaremos.

—Pasando al territorio, ¿el nuevo PTI perjudicará a los pequeños propietarios de suelo rústico? ¿La moratoria no va a suponer la destrucción de empleos ligados a la construcción?
—La moratoria lo único que hace es parar el tamaño de las construcciones y regular los suelos que tienen peligro de incendio, sobre todo en la parte forestal, para que no se pueda construir. Desde hace años se ha utilizado el PTI para dar o quitar licencias de construcción, pero va mucho más allá. Respetamos los derechos hereditarios de los dueños legítimos de los campos de Ibiza, iniciamos una modificación más profunda de lo que será el PTI y ahí estamos llamados todos. Todo el mundo podrá opinar. Tenemos que buscar una regulación porque Ibiza es un territorio limitado y que debemos proteger. No queremos parcelas de 15.000 metros, que es lo que pretendían algunos. La moratoria estará durante dos años, pero la primera modificación la queremos sacar en 2017 y quedaría anulada la moratoria. Este nuevo PTI nos puede llevar dos o tres años, intentaremos antes de que acabe la legislatura. El PP está en su ambiente cuando hablamos de modificar una norma territorial y les pido que tengan calma y prudencia porque el PTI lo decidiremos entre todos.

—¿Cómo definiría la relación del grupo socialista en el Consell con sus socios de gobierno?
—Nos estimamos, tenemos discrepancias y discusiones, pero esto pasa en cualquier familia. Lo importante es que dentro de las discrepancias al final la gobernabilidad no afecta a la ciudadanía. Las que haya habido o pueda haber no han afectado a la gobernabilidad, como sí pasó durante la pasada legislatura con el PP y sobretodo en el Ayuntamiento de Eivissa. Tenemos un pacto de gobierno y unos objetivos muy claros y si no nos apartamos del camino no habrá problemas. Estoy contento con todos los departamentos. De hecho, estamos llevando adelante más proyectos que en ninguna legislatura anterior.

—A nivel político, ¿cuáles son sus deseos para 2017?
—Posiblemente los principales proyectos que verán la luz son el desdoblamiento de Ca na Negreta, una de las obras más necesarias, y el Parque de Servicios Insular de Sa Coma, donde haremos la Escuela de Hostelería, la Escuela Oficial de Idiomas, una nave para la Unidad Militar de Emergencias y un Parque Insular de Bomberos. También abrir el Cetis, una infraestructura con la que nos precipitamos, y el albergue de Es Gorg.