Torres quiso dejar claro que «independientemente de cómo quede la ley, porque hasta que el Consell no la apruebe no se pondrá en marcha, nosotros no aprobaremos el uso turístico en plurifamiliares en Ibiza». Torres señaló que «queremos preservar la seguridad de los residentes de que no se juntarán estos dos usos porque ni Consell ni ayuntamientos queremos».
En este sentido, Vicent Torres negó que él tuviera un «empeño personal» en legalizar los pisos turísticos, como hace un mes aseguró el presidente de los hoteleros pitiusos, Juanjo Riera, presente ayer en la reunión. «No me gusta que pongan en mi boca lo que no he dicho. Yo nunca he dicho que quisiera legalizar los pisos turísticos sino que esta nueva regulación permitiría restringirlos y nos dotaría de instrumentos para poder combatirlos», apuntó el presidente de la máxima institución insular. Torres también sacó pecho al asegurar que «hemos conseguido que sean los Consells y los ayuntamientos los que definan si se quiere o no este tipo de alquiler y esta ley da instrumentos suficientes para parar cualquier tipo de comercialización a nivel de alquiler turístico».
En cuanto a las alegaciones que el Consell d’Eivissa tiene previsto presentar al anteproyecto que regula el alquiler turístico, Vicent Torres avanzó que «queremos que cualquier persona que haga una intermediación turística y cobre, aunque sea un euro, que sea considerado un comercializador turístico. Hoy hay muchas webs que cuando les decimos que son comercializadores turísticos nos dicen que no, que sólo son intermediarios entre un propietario y un futuro cliente. Queremos una definición más clara de la comercialización, no solo de los canales sino de la figura comercial».
Además, desde la máxima institución insular también pedirán que la normativa incluya una mayor dotación de personal. «Las propias regulaciones ya nos dotan de más instrumentos con el mismo personal, pero con la afluencia masiva de turistas no damos a basto con el personal que tenemos», explicó Vicent Torres, quien a renglón seguido matizó que «muchos de estos problemas que se identifican con turismo son de ordenanzas municipales o de urbanismo a la hora de definir determinadas capacidades del suelo de los diferentes municipios. No lo digo por eludir responsabilidades porque a nosotros nos encantaría tener controlada toda esta oferta, pero hay muchas ofertas que tienen un contrato de alquiler perfectamente definido por la LAU en los que Turisme tiene poco que decir».
El presidente insular descartó que este año se incremente en el número de inspectores turísticos aunque «queremos aumentar las herramientas legales para que la efectividad de las inspecciones sea mayor y, en este sentido, implementaremos más herramientas informáticas para un mayor control de la comercialización».
Suelo rústico protegido
En cuanto a la prohibición de aumentar el número de viviendas turísticas en suelo rústico protegido que prevé la normativa elaborada por el Govern, Torres aseguró que existe preocupación en municipios como Sant Joan y que esta cuestión se decidirá en la futura modificación del PTI. «Siempre que se hace una norma es difícil que a todo el mundo le parezca bien pero tendremos en cuenta su opinión», apuntó Torres.
Hoy las patronales y las formaciones sindicales darán a conocer sus alegaciones al anteproyecto que regula la comercialización las viviendas turísticas.
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