▲ Silenciosa. Huertas compareció en el juicio como demandante. Permaneció durante la vista en silencio y no quiso decir nada a la salida. Sólo se le vio hacer gestos de desaprobación cuando hablaba la letrada que representa a Podemos. Fuera de la sala estuvieron cargos de la formación, citados como testigos, aunque la juez consideró «impertinente» su declaración. ◆ Foto: PERE BOTA

El abogado de Xelo Huertas, reclamó ayer en un juzgado de primera instancia de Palma «el mantenimiento del statu quo previo a la expulsión» de la diputada de Podemos. Esto es, que mientras que el juzgado decide si la sanción se ajustó o no a los procedimientos internos del partido se la devuelva a la formación, al grupo parlamentario y a la presidencia de la mesa del Parlament. El letrado Francisco García-Mon intentó convencer a la magistrada que aún se está a tiempo de «evitar que todo esto se consume» y que los efectos de la expulsión de Huertas de Podemos serán «irrecuperables» si se espera a que el procedimiento judicial siga su trámite habitual. La Fiscalía se opone a la petición de medidas cautelares porque entiende que los derechos de Huertas podrían ser restituidos en el caso de que se admitiera la demanda.

La demandante tildó de «injusta» la expulsión que, según su versión se produce sólo a raíz de un comentario en un chat de Telegram y considera «discriminatorio» el trato que dio Podemos a Huertas. Así, el letrado señaló que a otras personas que intervinieron en un sentido similar, como Baltasar Picornell, no se les ha sancionado: «Decir lo mismo, en un caso supone la expulsión y en otro se premia con la presidencia de la cámara», apostilló. El abogado también considera que el proceso por el que fue expulsada Huertas no reunió suficientes garantías: «No se la tomó declaración ni se practicó ninguna diligencia. Ya está, expulsión». La expresidenta del Parlament asistió a la vista pero no quiso hablar a su salida. Estuvo acompañada por la otra expulsada, Montse Seijas.

La abogada de Podemos, Aina Díaz, limita cualquier efecto de una suspensión cautelar y afirma que una cosa es la expulsión del partido y otra la del grupo parlamentario que, señala, tiene personalidad jurídica propia. «No entendemos cómo puede plantearse que pueda suponer una reincorporación a la mesa», alegó en el juzgado, además de sostener que la expulsión se ciñó a las normas internas de Podemos.

La magistrada encargada de la causa tendrá que decidir en los próximos días sobre la petición de medida cautelar. Más tarde se fijará el juicio para decidir sobre el fondo del asunto.

Podemos insiste en que Huertas “estaba coaccionando al Govern”

La abogada que representa a Podemos, Aina Díaz, sostuvo que la expulsión de Huertas estaba justificada en base al código ético de la formación y que anularla, siquiera de forma cautelar, “sería dejar este documento en papel mojado y convertirlo en los códigos del PP y el PSOE”. Insistió en que la entonces presidenta del Parlament intentó coaccionar al Govern para beneficiar a su amigo Daniel Bachiller y que el proceso de su expulsión fue “garantista”. Además, reclama que se imponga una fianza a Huertas para seguir con el proceso porque éste daña a Podemos.