El Govern defiende que el proyecto pretende conseguir suelo edificable sin consumir más territorio.

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, aseguró ayer que su grupo estudiará detenidamente el anteproyecto de ley de urbanismo que acaba de presentar el Govern, pero de entrada alertó de que puede ser inconstitucional y «confiscatorio». El PP no ve nada claro que el Ejecutivo pueda sancionar a quienes no edifiquen solares de su propiedad una vez transcurrido el plazo de cuatro años que marca la ley para ello. Es uno de los asuntos más controvertidos que recoge el texto.

Prohens lamentó que el Ejecutivo haya presentado un texto esencial para los ayuntamientos sin haberles consultado previamente, algo que ha denunciado la propia Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). «El Govern tiene unos socios acostumbrados a las expropiaciones y de ahí algunos artículos de la ley», añadió la portavoz del PP a preguntas de los periodistas. Insistió en que las informaciones aparecidas hasta ahora dejan claro el poco respeto del Ejecutivo a la propiedad privada.

Ley de Franco

Por parte del PI, el diputado Josep Melià recordó que la obligación de edificar los solares en un plazo determinado ya lo recogió una ley franquista –la del año 1956– que no sirvió para que la gente dejara de especular con los solares, por lo dudó de la eficacia de las normas propuestas por el Govern.

«Habría sido más interesante plantear una modificación de la ley presentada en la anterior legislatura en lugar de incorporar todo un texto nuevo», manifestó Melià. El diputado del PP también criticó que no se haya dado voz a los ayuntamientos, que fin de cuentas son quienes después tendrán que aplicar las disposiciones de la ley.

«Echo de menos más cesión de competencias a los municipios, más agilidad en la gestión urbanística y más contundencia aún contra la disciplina urbanística», aseguró el dirigente del PI.

El texto que ha presentado el Govern es un anteproyecto que se ha sometido a información pública para la presentación de alegaciones. Los promotores y constructores no se han pronunciado sobre el contenido del documento ya que quieren estudiar con detenimiento todas sus disposiciones.

El director general d’Ordenació del Territori, Lluís Corral, aseguró que el Ejecutivo se ha basado en un 80 por ciento en la ley aprobada por el PP en la anterior legislatura aunque se han introducido modificaciones a los aspectos más polémicos. Se suprime la amnistía para las edificaciones ilegales en suelo rústico o se prohibe la construcción en lo que se conoce como ‘falsos urbanos’, que son suelos en los que falta alguna dotación para que tengan la condición de solar. El anteproyecto incorpora medidas propias, como limitar los beneficios que generan las plusvalías o sancionar a quienes no hayan edificado los solares en el plazo que marca la ley.