Imagen de la protesta celebrada en el Parc de la Pau el pasado 18 de marzo. Foto: D. ESPINOSA

Un grupo de afectados por los alquileres, respaldados por la plataforma ‘Ibiza, afectados con los alquileres’, además de «colectivos, sindicatos y ciudadanos independientes» han convocado para el sábado 22 una nueva concentración para exigir a las administraciones toda una serie de medidas «con carácter de urgencia» encaminadas a resolver dicha problemática.

Entre sus peticiones, este colectivo exige la elaboración de un «censo de pisos vacíos y un índice de precios de alquiler que reconozca la figura del alquiler abusivo», particular para las islas, que permita regular cuestiones «como que los inquilinos puedan denunciar subidas muy fuertes de precio para garantizar un parque de alquiler asequible para la ciudadanía». También quieren que se considere alquiler abusivo «aquel que supere el del 30% de los ingresos del hogar donde se ubica».

En base al artículo 47 de la Constitución, por el que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», los convocantes requieren «una ley de emergencia habitacional inmediata» para detener desahucios y atender a las necesidades de los ciudadanos que, entre otros casos, «finalizan los contratos de alquiler de invierno, les suben abusivamente el alquiler actual o no pueden acceder a una vivienda por la carestía de las mismas».

Otra de sus propuestas es «habilitar urgentemente espacios públicos» para que las personas que no tengan medio de acceder a una vivienda durante esta temporada «puedan acampar, o se instalen viviendas prefabricadas». Incluso llegan a pedir «centros de acogida» donde «puedan dormir, recibir tres comidas diarias, poder ducharse, lavar su ropa y dejar sus pertenencias, sin restricciones abusivas de horarios».

«Prohibir y sancionar con multas ejemplares el subarriendo y a empresas, intermediarios y mafias que han creado la actual burbuja inmobiliaria» es otra de sus exigencias, además de «prohibir, perseguir y aplicar sanciones ejemplares a alquileres turísticos ilegales, estafadores y falsas agencias inmobiliarias extranjeras con implantación en Ibiza que no pagan impuestos y blanquean dinero, aplicando las leyes vigentes».

Los afectados piden también que se sancione «a grandes propietarios de viviendas (más de 5), por mantener pisos vacíos más de 6 meses, y gravarlos con impuestos», así como «beneficiar fiscalmente» a aquellos propietarios que incorporen viviendas a la bolsa de alquiler social.