En escrito, aseguran además que la norma no parte de ningún consenso, como demuestra el hecho de que la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) se haya opuesto al texto. Añade además que las nuevas disposiciones hacen aún más difícil que los ayuntamientos aprueben su planeamiento general y lamentan que, con este texto, el Govern limita las competencias municipales en favor de los consells.
«La modificación de las competencias en materia de disciplina urbanística o revisión de licencias quita competencias a los ayuntamientos y deja en manos de la discrecionalidad de los consells cuándo y dónde intervenir, además de que rompe la necesaria seguridad jurídica y la autonomías municipal», asegura el escrito de alegaciones de los ‘populares’.
Denuncia, por último, que la norma pone a los ayuntamientos y funcionarios «bajo sospecha permanente». «La criminalización que hace esta norma es injusta ya que introduce una visión del funcionamiento de los ayuntamientos que no se ajusta en absoluto a la realidad que viven», añade el pliego de alegaciones que han presentado en la Conselleria.
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