El juicio celebrado en las instalaciones del Cetis contó con la presencia de una veintena de vecinos de los apartamentos ses Roques que llenaron al completo la sala de vistas.

La resolución del conflicto a tres bandas que mantienen los propietarios de los apartamentos ses Roques, en Cala Llonga, su antiguo administrador y la veintena de ocupantes está más cerca. Ayer, el juzgado de Primera Instancia número 4 de Ibiza dejó visto para sentencia el caso denunciado por la propiedad.

En la sesión se juzgaba la validez de los títulos o contratos de alquiler firmados. Antonio Borregón, el exadministrador, no estuvo presente pero su nombre fue el más repetido en los testimonios de todas las partes, que se manifestaron ser víctimas de una estafa.

El letrado de la propiedad legal del inmueble ratificó su última solicitud de lanzamiento de los ocupantes, realizada el 25 de noviembre de 2016, ya que «ninguno de los ocupantes tienen título válido para ocupar las viviendas. Los contratos son lo que son, no lo que dice que son», subrayó Miguel Ángel Torres, quien hizo hincapié en que Antonio Borregón formalizó contratos cuando el suyo ya había expirado e incluso después de haberse ordenado judicialmente el lanzamiento. Torres subrayó que según el artículo 8 de la LAU, los contratos de subarrendamiento expiran cuando el principal, contrato que finalizó el 15 de marzo de 2015.

«Sintiéndolo mucho por los presentes, procede seguir adelante con el lanzamiento. La propiedad no ha recibido un sólo céntimo en todos estos años. Es una víctima más de Borregón».

Tras el relato de Torres Colomar, tomaron la palabra los abogados de cuatro ocupantes de los apartamentos ses Roques en situaciones especiales, ya que tienen contratos que se remontan al 2013 y dos de ellos tienen una discapacidad del 72 por ciento. También se presentó ante el tribunal el caso de Carolina Galdiano, quien reclamó poder seguir en el apartamento hasta que finalice el curso escolar de sus dos hijos. El abogado subrayó que los menores están escolarizados en Santa Eulària y que la ley recoge un aplazamiento de hasta nueve meses del lanzamiento.

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Posteriormente, uno por uno fueron compareciendo ante el juez y aportando sus contratos el resto de vecinos presentes en la sala. Durante la sesión se vivieron momentos de cierta tensión. Vanesa, del apartamento 104, denunció que no tenían agua ni luz y que querían despejar la incertidumbre.

El juez subrayó a los presentes que la vista era para dictaminar la validez de los contratos y que la resolución puede tardar un mes.

«Este juicio no va a resolver el problema que tenemos sin luz ni agua y Borregón por ahí», lamentó esta afectada.

LA NOTA

Los ocupantes llevan una semana sin luz ni agua

La veintena de familias que viven en los apartamentos ses Roques de Cala Llonga llevan ya una semana sin servicio de agua y luz. Algunos de ellos tienen que recurrir a familiares o amigos para el aseo personal y de sus hijos. El servicio fue cortado ya que estaba a nombre del exadministrador Antonio Borregón, quien fue desalojado hace unos dos meses. Al dejar de abonar la prestación del servicio, estos fueron cortados. Los vecinos trasladaron su situación al Ayuntamiento de Santa Eulària.