En la primera fase de implantación, la renta social iba dirigida a personas con menores de edad a cargo y sin ingresos económicos, unas condiciones que se ampliaron en noviembre del año pasado, cuando se incorporaron como nuevos beneficiarios cualquier tipo de núcleo familiar con pocos ingresos.
Desde el pasado mes de enero se ha ido incorporando progresivamente un nuevo perfil de beneficiarios, el de las personas solas perceptoras de una pensión no contributiva. Se trata de personas mayores de 65 años y personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% sin recursos económicos, uno de los colectivos más vulnerables económicamente.
La Conselleria de Serveis Socials, que dirige Fina Santiago, calcula que de aquí a finales de año se hayan incorporado cerca de 8.000 perceptores de la pensión no contributiva.
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