La semana más calurosa en lo que va de año nos deja a las puertas del periodo central del verano, el que va desde el 15 de junio al 15 de septiembre. La llegada de turistas se dispara a un ritmo similar al de los termómetros, pero más que la presencia de personas lo que más incomoda a residentes y veraneantes es la aglomeración de vehículos en nuestras calles, carreteras y accesos a playas.

A través de las páginas de PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA, a comienzos de semana conocimos que el Instituto balear de la vivienda (Ibavi) convertirá las casillas de peones en seis apartamentos. El Consell d’Eivissa cederá al Govern tres antiguas casas de los peones camineros en Sant Antoni, Sant Francesc y Sant Joan que el Ibavi se encargará de rehabilitar y gestionar para alquiler social.

Además, los sindicatos de hostelería están pensando en solicitar para el próximo convenio del sector un 20 por ciento de aumento de sueldo, ya que consideran vital que los trabajadores recuperen poder adquisitivo tras más de un lustro de recortes y congelación salarial.

El martes supimos que el Ministerio de Defensa no ve viable alquilar sus residencias a funcionarios del Estado. Los inmuebles se utilizan para apoyar al personal militar y a sus familias, asegura el Ejército, mientras UGT propone utilizar las plazas vacías para atraer más empleados públicos a Balears. Hay tres residencias en Mallorca, una en Menorca y dos en Ibiza.

Por otra parte, este rotativo informó en exclusiva de que las obras para reabrir el Cetis estarán acabadas en otoño y que los trabajos, pendientes del último trámite, cuestan 900.000 euros.

Ese mismo día saltaron todas las alarmas en Port des Torrent por un incendio que obligó a desalojar a vecinos y turistas. Resultó ser, por una negligencia, el primer gran incendio del verano. Las llamas calcinaron más de 3,5 hectáreas y obligaron a desalojar a un centenar de personas. El fuego se originó en la zona del torrente cercana a la playa y casi alcanzó la concurrida avenida Sant Agustí.

Otro de los asuntos de los que ha dado cumplida información este periódico es la situación por la que atraviesan los inquilinos de cinco locales comerciales de ses Figueretes, que pagan entre 1.000 y 3.000 euros al mes por estancias sin ventilación y reconvertidas de manera irregularmente sospechosa a uso residencial. Sus explotadores se enfrentan a sanciones de hasta 500.000 euros.