El piso ocupado ilegalmente desde el pasado mes de abril en el bloque de viviendas sociales ubicado en la calle Santa Creu de Dalt Vila fue desalojado este jueves sin que las personas que vivían en su interior opusieran resistencia.

Según informaron ayer desde el Ayuntamiento de Eivissa, la Policía Local acudió al domicilio para anunciar a los ocupantes que debían abandonar la casa por orden judicial después de que los juzgados aceptaran las medidas cautelares pedidas por el Consistorio en la denuncia por vía penal que presentaron en mayo.

Una vez desalojada la vivienda, se procedió a soldar la puerta y el paño de la casa para evitar nuevas ocupaciones. Con este desalojo, las tres viviendas de este bloque de titularidad municipal están ya vacías, después de varios intentos de ocupación desde la pasada primavera.

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Los tres pisos de Protección Oficial eran de propiedad del IBAVI y fueron cedidas al Ayuntamiento después de un largo y complicado proceso de desafección que duró varios meses. Una vez culminados los trámites, el Consistorio ha decidido que las viviendas pasarán a formar parte de la red de exclusión social del municipio y serán gestionadas por la empresa que se encargue del nuevo servicio de acogida municipal, una fórmula que garantiza «la seguridad jurídica tanto del Ayuntamiento como de la persona inquilina», según explicaron fuentes municipales.

Actualmente, el contrato con la nueva empresa que gestionará el servicio de acogida está en proceso de adjudicación a una empresa que tiene que presentar en breve una serie de información requerida por la mesa de contratación municipal, tras lo cual se procederá a firmar el contrato.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Eivissa espera una respuesta por escrito del Ministerio del Interior acerca de la oferta realizada de ceder seis pisos municipales del barrio de sa Penya para alojar a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en la isla. Según señalaron desde Vila, la negativa a aceptar estas viviendas fue realizada vía telefónica por parte de la Subdirección general de Planificación y Gestión de infraestructuras y medios para la seguridad del Ministerio del Interior, por lo que el Ayuntamiento esperará a la respuesta oficial para tomar una decisión acerca del uso que se le dará a estas viviendas.