Imagen del acceso de los miembros de la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad desplazados hasta Ibiza para llevar a cabo el desalojo. | DANIEL ESPINOSA

Faltaba unos minutos para las 9 de la mañana cuando una decena de vehículos de la Guardia Civil se desplegaban a lo largo de la calle Aconcagua, a la altura de los apartamentos ses Roques, en Cala Llonga. El plazo para el desalojo voluntario ordenado por el juez expiraba ayer. El particular día ‘D’ y hora ‘H’ de ses Roques había llegado.
Junto al acceso del bloque de apartamentos tomaban posiciones una decena de agentes de la Usecico de la Guardia Civil y dos patrullas de la Policía Local de Santa Eulària. A unos doscientos metros, otros cuatro agentes controlaban el acceso a la calle desde la playa.

Dentro de otros vehículos, aguardaba órdenes una unidad del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, una veintena de efectivos llegados desde Zaragoza. Esta unidad especializada era la que 60 minutos después se encargaría de acceder al inmueble en cumplimiento del mandato judicial para su posterior entrega a los legítimos propietarios.

Antes, en torno a las 8 de la mañana, María Pilar y Cinthia abandonaban los apartamentos donde vivían junto a sus hijas. Frente a la entrada de los apartamentos, las últimas pertenencias que habían sacado. «No se adónde vamos a ir. Llevamos meses buscando pero nos piden auténticas barbaridades: 900 y mil euros por una habitación», lamentaba Pilar junto a su amiga. «Hemos tenido que dejar a nuestros hijos con otros familiares», advertía Cinthia. Coincidiendo con la ejecución del lanzamiento, Pilar sería atendida por el equipo médico de una ambulancia del 061 desplazada hasta el lugar. La calla Aconcagua de Cala Llonga estaba sellada por las fuerzas de seguridad y desde el interior del desvencijado bloque de apartamentos continuaba saliendo agua. «Han dejado todos los grifos abiertos y está todo inundado. No hay derecho a semejante destrozo. Han estado dos años viviendo, varios meses sin pagar un solo euro y encima esto. No hay justicia», denunciaba uno de los propietarios del inmueble.

Edificio desalojado

Minutos antes de las 10 horas llegaba la comisión judicial y daba el visto bueno a la ejecución del lanzamiento. Los agentes del GRS se disponían en dos grupos para acceder al inmueble. En un primer momento lo hicieron acompañados por dos cerrajero pero estos operarios al final no intervinieron.
El bloque parecía completamente vacío pero los agentes se encontraron con todas las puertas cerradas. Una a una, los agentes fue ron accediendo a las dependencias a golpe de maza y ariete.
Sesenta minutos después, las unidades del Grupo de Reserva y Seguridad, pertrechados con escudos, abandonaban el bloque de apartamentos, custodiando a la comisión judicial que había certificado el lanzamiento.
En el exterior, siguiendo la evolución del operativo, se encontraba el comandante jefe de la compañía de Ibiza, Antonio del Fresno, quien se encargó de notificar a Pep Marí que el edificio ya estaba desalojado y que a partir de ese instante era él quien se tenía que hacer cargo de la seguridad del edificio y controlar que el mismo no sea ocupado.

«Ha sido un trabajo sencillo porque no quedaba nadie y estamos aconstumbrados a entradas más conflictivas», apuntó un responsable del GRS, unidad requerida para desahucios, pero que está especializada en los operativos contra el crimen organizado y antiterrorista. Ayer por la mañana en ses Roques no quedaba nadie, pero el operativo se dispone en función de un lanzamiento de 28 apartamentos y decenas de personas. Ejecutado el lanzamiento, el dispositivo se retiró y los herederos de la propiedad recuperaron el antiguo bloque de apartamentos turísticos.