Tan pronto como fue aprobada el 18 de julio pasado la modificación de la Ley de Turismo de Balears para regular el alquiler turístico, los socialistas ibicencos se esforzaban en exhibir dicha norma como una eficaz herramienta para luchar contra el alquiler ilegal, principalmente en pisos y apartamentos. Tal cosa ya estaba vetada en la Ley Delgado y ahora vuelve a estarlo gracias a la "emergencia habitacional" que Podem Eivissa se sacó de la manga como un eficaz golpe de efecto, con la excepción de que se podrán alquilar pisos a turistas cuando se trate de la vivienda habitual del propietario y como máximo 60 días al año. O sea, que ahora la norma es más permisiva que antes, a pesar de Podem y de la "emergencia habitacional". ¡Menudo negocio!
Pero la realidad siempre se impone a los discursos falaces, al populismo y al discurso maniqueo, porque en un ejercicio de sinceridad que debemos agradecer, el director insular de Turismo ahora ya reconoce que la nueva Ley ni es tan buena ni es tan eficaz. Las sanciones que se impongan no se pueden pagar al momento con descuento, como sí sucede en otras materias. Además, es previsible que los expedientados recurrirán al orden contencioso administrativo para que la Justicia revise los expedientes y las eventuales sanciones. Así, la cosa puede alargarse y no será tan rápido ni fácil sancionar como algunos prevén. El gozo de Viviana de Sans y de Podem Eivissa en un pozo. Ellos que se han hartado días atrás de atribuirse el éxito de la nueva regulación del alquiler turístico, ahora resulta que hay nueva legislación, pero que las sanciones tardarán años en ejecutarse.
Luego salta el Consell d'Eivissa y dice que no, que se actuará con contundencia, que la culpa es del PP y de los recortes de personal que se aplicaron. Nada dice del origen de los recortes, como si el PP hubiese decidido hacerlos por capricho o por un afán de destruir el sector público, sin mencionar la quiebra en que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero dejó al país, con la prima de riesgo disparada, sin crédito internacional y a punto de la intervención financiera por parte de la Unión Europea. Pero de eso, ¿quién se acuerda? La culpa es del PP.
En todo caso, bienvenidos a la realidad, porque nadie crea que de la noche a la mañana los guiris entrando y saliendo con sus maletas en bloques de pisos y apartamentos, van a desaparecer. Desgraciadamente.
• Multas en los cajones
Aunque pueda pensarse que con el pago de los 400 euros por las dos multas que la Policía Local le impuso el 31 de marzo al teniente de alcalde de Sant Antoni, Pablo Valdés, la cosa queda zanjada. Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, porque los vecinos de Sant Antoni deben estar preocupados porque su munícipe tenga ahora tan solo 6 puntos en el carné de conducir, si no menos. A este ritmo habrá que ponerle un coche oficial y un chófer antes de que haya nuevas elecciones. Y en segundo lugar y más importante aún que lo anterior, es que se debe una explicación a la ciudadanía por haber tenido en un cajón durante más de 5 meses las dos multas citadas. Como no hay explicación posible ni Valdés, ni Alcaraz ni nadie da la cara. Pero no podrán esconderse toda la vida. Tampoco el alcalde Pep Tur 'Cires', que en su afán negacionista cae en la tentación de pensar aguantando el chaparrón algunos días, ya está el asunto solucionado. Pero no lo está en absoluto porque estamos ante un caso de corrupción que apesta. El consistorio que él preside está bajo sospecha de guardar multas en un cajón a según quién. ¿Le parece lógico, o normal, o irrelevante, o algo sobre lo que no haya nada que decir? Los adalides de la transparencia, de la honestidad, de la rendición de cuentas, se parapetan en el silencio para eludir sus responsabilidades.
• Silvia Tur está eufórica
La diputada autonómica de Gent per Formentera tuiteó el pasado miércoles, tras la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament de Catalunya, que había mucho que aprender en lo sucedido allí. Habrá que preguntarle si se refería al atropello a los derechos de los diputados con el incumplimiento del reglamento. En el Parlament de Balears durante la legislatura pasada por un abuso de los decretos ley, perfectamente legales, los partidos de la oposición que hoy gobiernan, montaban cirios de agárrate y no te menees. Pero lo más llamativo es que Tur cree que el debate de la ley del referéndum «sin duda marcará un antes y un después en la historia de todos nosotros». La euforia independentista debió cegarla porque es difícil pensar que vaya a cambiarnos la vida lo que allí sucedió. Como no sea a Carme Forcadell, a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, etc., a los que apuesto que la Justicia inhabilitará como hizo con Artur Más. Seguro que eso a los «formenterencos», que diría Pablo Iglesias, les quita el sueño.
Feliz domingo.
4 comentarios
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El problema de estos podemitas es que buscan el efecto inmediato pero sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, eso no es hacer política, eso es improvisación pura y dura. Como con las chapuzas que han promovido con el tema de la vivienda, de movilidad, de los alquileres y demas... no quiere decir que la idea no sea buena, pero el problema de base está mal diagnosticado y las medicinas a aplicar son las equivocadas.. al final se mata al paciente. Es una pena tener a unos políticos tan cortos de miras. Disfrutemos lo votado señores!!!
Como siempre estos políticos actuales son tan analfabestias que hacen una ley para cubrir el expediente, para que les tachen de progresistas pero estas leyes están tal mal redactadas y tienen tantos agujeros legales que es imposible llevarlas a cabo y no cumplen los requisitos para ser efectivas. ANALFABESTIAS
Recapitulemos, desde que entrasteis no habeis hecho nada! todo sigue igual incluso peor tema limpieza, seguridad, impuestos,insularidad etc.. parece que entrasteis y estais estudiando boletines para hacer qué nada explicarnos las normas ufffffff
Ostras hablando de maniqueo pues claro que tardaran en cobrar las multas que se impongan por alquileres ilegales turísticos a los que recurran, en este país tenemos un sistema muy garantista, y lo celebro, porque garantiza la defensa de los multados si se ha cometido algún error o abuso por parte de la administración en la aplicación de la ley. Pasa en todos los expedientes o multas, pero en un país democrático debe primar las garantías y derechos de los ciudadanos, no como en el Parlament de Catalunya que lo hacen a las bravas y no respetan los derechos del resto de diputados/as y de todos los ciudadanos de su comunidad.