En el Hospital de Can Misses, cuando no son pitos, son flautas. Y cuando no aparecen moscas en los quirófanos, dan comida caducada a los pacientes ingresados. Creíamos que después de que se hallara un chicle mascado en la sopa en marzo del año pasado, ya nada podría hacerse peor. Pero como nos recuerda la Ley de Murphy, que parece ser la principal norma que rige el funcionamiento de la sanidad pública pitiusa, por sí mismas las cosas tienden a ir de mal en peor. Durante una inspección de la Unidad de Supervisión y Control del Área de Salud de Ibiza y Formentera, se detectó que la cocina habría utilizado ingredientes que llevaban algunos días caducados. La empresa concesionaria del servicio de cocina, Serhs, se enfrenta a una posible sanción que no será pequeña, porque resulta increíble que se les ocurra usar productos caducados, aunque solo sea de algunos días, por no tirarlos. Se arriesgaron y les salió mal. Este episodio, el enésimo, vuelve a poner de manifiesto la barbaridad que es que determinados servicios públicos estén en manos de empresas privadas. Ahora se comprueba cómo se quedan en evidencia aquellos políticos que defienden, por ejemplo, que la ITV sea pública y gestionada por el Consell d’Eivissa, mientras consienten en que la cocina de Can Misses esté en manos de buitres dispuestos a todo en tal de no tirar a la basura unos alimentos caducados. ¿Qué resulta más relevante desde el punto de vista del interés público, Can Misses o la ITV? Respóndanse esta pregunta y verán como algunos políticos se burlan de nosotros cuando denuncian las privatizaciones, pero a la vez aceptan que servicios más importantes estén en manos privadas.
• Cataluña.
La crisis en Catalunya nos ha proporcionado una magnífica oportunidad para conocer mejor a algunos políticos de Ibiza y Formentera que seguramente no hubiéramos llegado a valorar en su justa medida si no se hubiera afrontado el tramo final del ‘procés’. Estoy pensando en el gran Joan Ribas, o la inefable Silvia Tur, o la ínclita Fanny Tur. Todos ellos consideran que en España hay presos políticos y califican las actuaciones judiciales de represión. Alineados disciplinadamente con las tesis independentistas, lo cual es muy respetable, se desprenden voluntariamente de toda credibilidad cuando aplauden y alientan la desobediencia de las leyes. Tomando la metáfora del "bien y el mal" que decía Oriol Junqueras en su cuenta de Twitter tras ser enviado a prisión, ahora resulta que el mal son los jueces de la Audiencia Nacional y el bien son los políticos independentistas que, ignorando contumazmente las advertencias de los letrados del Parlament y del Tribunal Constitucional, decidieron en base a su hoja de ruta, dar pasos firmes hacia la declaración unilateral de independencia, cada uno de los cuales suponía cometer un delito.
No hace mucho me pusieron una multa por estacionar en zona azul en Vila sin poner el correspondiente ticket. Denuncio la represión del Ajuntament d’Eivissa por ello. No hay democracia ni hay Estado de Derecho. ¿Dónde queda mi libertad? Les confieso que no conozco en Balears ningún municipio que denuncie por estacionar las motos en zona azul. En Palma recientemente lo propuso un concejal y ante el revuelo que se formó, el alcalde dijo que eso no se llevaría a cabo mientras él fuera el primer edil. Fíjense.
Cuando estos políticos se indignan porque alguien que ha delinquido a conciencia, tiene que rendir cuentas por sus actos ante el juez, significa que tienen interiorizado que por ser políticos pueden hacer lo que les venga en gana. Y cuando se sugiere, como hace Puigdemont, que el Gobierno debe excarcelar a los presos y no detener a nadie más, es porque ellos lo harían si estuvieran en el pellejo de Rajoy. ¿Dónde quedaría entonces la división de poderes? A la altura de la República de Catalunya, en la que los jueces serán nombrados por el gobierno.
Yo no me alegro del encarcelamiento de nadie. De absolutamente nadie. Y ya he escrito muchas veces lo que pienso de la prisión preventiva, utilizada en exceso en España cuando debiera de ser una medida excepcionalísima. Pero todos los que ahora están presos y los que pronto lo estarán, porque habrá más, no solo no obedecen las leyes, sino que pretenden que eso no tenga consecuencias. Confío en que Joan Ribas, Silvia Tur y Fanny Tur, entre otros (y que me perdonen por otorgarles tanto protagonismo), nunca emulen a sus adorados líderes independentistas en el camino de pisotear la Ley. Yo nunca más aparcaré mi moto en zona azul en Vila sin poner el ticket, por más que me parezca una aberración la norma que lo exige.
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