Ayer, tanto los portavoces de los partidos de izquierda como el conseller de Territori, Marc Pons (responsable de la política de vivienda) reclamaron «lealtad» al Gobierno central y le instaron a no recurrir la norma ante el Constitucional. Pons recordó que el proyecto tiene «todos los avales del Consell Consultiu».
Derecho
La ley, que reconoce el derecho a la vivienda más allá de una mera declaración y prevé que se pueda demandar al Govern ante los tribunales, ya incluía propuestas novedosas y polémicas (como la obligación de ceder, en determinadas condiciones, pisos vacíos a los grandes tenedores de vivienda) pero las enmiendas que se incorporarán al texto la convierten en una de las más avanzadas desde el puesto de vista social.
El ‘podemita’ Aitor Morrás incidió ayer en la importancia de apostar por el régimen de alquiler de las VPO y explicó que «el endeudamiento recaerá sobre la administración y no sobre las familias» y se evitará cualquier atisbo de mercantilización.
La diputada de Més Joana Aina Campomar incidió en que uno de los objetivos de las enmiendas es promover la rehabilitación como herramienta para «evitar la gentrificación» de determinados barrios a los que después de padecerla sólo tienen acceso las personas con un alto poder adquisitivo». Ley garantiza un alquiler, que mediante otra enmienda se denomina ‘alquiler social’.
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