El Govern realizará el año que viene las pruebas de las oposiciones para ser funcionario. Los interinos que no consigan plaza y sean contratados a través del bolsín tendrán los mismos derechos retributivos que los funcionarios de carrera.

Los funcionarios de la Comunitat Autònoma que reiteradamente suspendan la evaluación continua a la que deberán someterse a partir ahora perderán su plaza y podrán ser enviados a trabajar a otra isla. Es una de las novedades que recoge el anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública, que se encuentra en fase de alegaciones.

Se trata del castigo extremo que fija el anteproyecto de ley y solo se hará en casos reiterados de evaluaciones negativas continuas. La propuesta del Govern es más dura que la ley ahora vigente ya que, en la actualidad, los funcionarios que son removidos de sus puestos de trabajo deben ser adscritos de forma provisional a otro puesto en su mismo municipio o colindante, en un puesto no inferior en más de dos niveles a su grado.

El anteproyecto en fase de tramitación endurece el castigo: ya no serán enviados preferentemente a su municipio o colindante, sino a su misma isla y no perderán dos niveles de sueldo sino tres. Si además no hay plaza en la isla de residencia, el Govern dará dos opciones al funcionario: el traslado a otra isla con un nivel no inferior en más de tres al suyo o perder más niveles, y por lo tanto más sueldo, pero quedarse en la Isla de residencia.

Malestar sindical

El anteproyecto de ley ya se ha presentado a las organizaciones sindicales, que han expresado su rechazo a la posibilidad de que un funcionario pierda su plaza por una evaluación negativa. El STEI ya presentó alegaciones y aseguran que volverán a hacerlo si se mantiene la idea y, sobre todo, si ello implica además que el funcionario pueda ser trasladado. El Govern asegura que el texto está sujeto a modificaciones. Otra de las novedades es que los funcionarios sometidos a procesamiento podrán ser suspendidos de sus puestos de manera preventiva incluso si la autoridad judicial no lo ha hecho.

El proceso de evaluación continua para los funcionarios ya ha sido aprobado por el Consell de Govern. Será esencial para que los trabajadores públicos cobren los complementos de carrera profesional, que hasta ahora se han cobrado de forma automática sin que haya evaluación previa.

Otro complemento

El anteproyecto de ley incluye toda una regulación específica para los altos funcionarios de la Comunitat Autònoma, que en muchos de los casos pasarán a ser considerados personal directivo. En consonancia con ello, se crea un nuevo complemento para ellos, llamado el «complemento por objetivos» que retribuye el grado de cumplimiento de los objetivos que se hayan marcado para estos puestos de funcionario directivo. Se trata de aplicar sistemas retributivos similares a los de una empresa privada para este tipo de personal.

28.379 FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

El Govern y sus entes adscritos tienen un total de 28.379 funcionarios al servicio de la Administración autonómica, según los últimos datos del Ministerio.

Las claves

1-Se crea la comisión interdepartamental de retribuciones

Su cometido es emitir las propuestas de actuación en materia de relaciones de puesto de trabajo con repercusión económica, así como los pactos y convenios que tengan efectos en las retribuciones de los empleados públicos o la dotación de puestos de trabajo de la Administración.

2-Excedencia por terrorismo y vacaciones agrupadas

Las víctimas de terrorismo podrán pedir una excedencia especial sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de servicio. A esta excedencia ya se pueden acoger las de violencia de género. Las vacaciones se podrán coger por días, pero deberá haber al menos un periodo de cinco días seguidos.

3-Reserva de un 7 % de plazas para discapacitados

Entre las modificaciones de la ley figura la ampliación de la reserva de plazas para personas con alguna discapacidad. Será de un siete por ciento de las plazas –hasta ahora era del cinco por ciento– y al menos un dos por ciento se han de ofrecer a personas que acrediten algún tipo de discapacidad intelectual.