El anteproyecto de ley incorpora un nuevo complemento para los altos funcionarios de la Administración, que pasarán a tener la consideración de personal directivo. En sus alegaciones, el STEI considera preocupante toda la filosofía que «impregna» la regulación específica sobre este tipo de personal.
Entrevistas personales
El STEI considera preocupante que se rebaje hasta e nivel las plazas que pueden ser de libre designación, así como abrir la posibilidad de incluir procedimientos selectivos «tan cuestionables» como las entrevistas personales. «También es preocupante que el texto apueste por criterios subjetivos como el interés en el desarrollo del trabajo y otra terminología más propia de la empresa privada, donde el objetivo es obtener beneficios y no prestar servicios garantizados por la ley».
El sindicato funcionarial tampoco está de acuerdo con la posibilidad de que los empleados públicos puedan perder su plaza si encadenan una serie de valoraciones negativas en el proceso de evaluación continua que pondrá en marcha el Ejecutivo para valorar el trabajo de los funcionarios. No obstante, en caso de que los funcionarios pierdan su plaza por cualquier otra razón disciplinaria, accede a que sean trasladados a otra Isla siempre que no se les rebaje su nivel laboral.
Otra de las disposiciones que cuestiona el sindicato es que un artículo que faculta a la Administración a dejar en suspenso a un funcionario sometido a un procesamiento, sea cual sea la causa, aunque la medida no la haya adoptado la autoridad judicial en su auto de procesamiento.
El sindicato es también muy crítico con la composición del Observatorio de Políticas de Ocupación Pública ya que, tal y como está redactado, deja fuera a los sindicatos específicos de Balears, como el STEI o Simebal, en favor de las organizaciones sindicales estatales, como con Comisiones Obreras y UGT.
EL APUNTE
Un texto que está sujeto a posibles cambios
Aunque el texto del anteproyecto ha sido bastante consensuado con los sindicatos a través de las distintas mesas de negociación, la consellera d’Hisenda i Funció Pública, Catalina Cladera, asegura que el documento está sujeto a cambios. Ahora está en fase de alegaciones y, una vez que sea un proyecto de ley, podrán presentarse enmiendas al texto.
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