Imagen de archivo de gente subiendo a un autobús en Ibiza. | Toni Escobar

El Consell d’Eivissa aprobó ayer los convenios de colaboración con las concesionarias del servicio público de transporte regular de pasajeros por carretera para garantizar este servicio gratuito para los titulares de la Tarjeta dorada.

Según la institución, el objetivo del convenio es facilitar a pensionistas y mayores de 65 años el acceso al transporte público y mejorar sus condiciones de movilidad. Así, se ha aprobado un gasto de 416.903,34 euros con el fin de garantizar económicamente la Tarjeta dorada con un máximo de 40 viajes mensuales.

Este año ha sido el segundo en el que se vuelve a subvencionar de manera íntegra dicha tarjeta para pensionistas y mayores de 65 años, después de que en 2016 el Consell así lo decidiera. En 2018 se incorporarán también los menores de 18 años, los parados de larga duración y las personas en riesgo de exclusión social.

El Consell informó de que el pago se realizará a las tres concesionarias. Así, Herederos de Francisco Vilás S.A. percibirá 90.048,78 euros; Voramar el Gaucho S.L, 236.014,64 euros, y Autobuses San Antonio S.A., 90.839,92 euros.

Asimismo, se han firmado ocho contratos programas más con las concesionarias para compensar el déficit de explotación durante el 2017. En comparación con el pasado año se han incorporado dos nuevas líneas a los contratos programas, como el servicio de playa conectada en Benirràs o la línea 50, que conecta varias zonas de Ibiza. La línea a Cala Salada no ha sido incluida ya que no resulta deficitaria.

Otros pagos

El Consell Executiu autorizó también ayer el pago del 25% restante de la subvención aprobada para ayuntamientos de Ibiza con el objetivo de financiar los Servicios Sociales Comunitarios Básicos. En total, este año se han destinado al plan de ayuda a los municipios más de dos millones, de los cuales 689.807,24 euros han sido aportados por el Consell y el resto por el Govern. Asimismo, el departamento de Benestar Social ha incorporado 200.000 euros del departamento de Vivienda para políticas sociales derivadas de la problemática habitacional.