La prórroga de los Presupuestos del Estado para 2018 no solo supondrá que Balears perderá de momento 67 millones de euros en concepto de financiación autonómica, sino que además deja en el aire otros 120 millones derivados del convenio de carreteras: Balears los ha incluido en sus cuentas para 2018 pero como no aparecen en los Presupuestos Generales de 2017, tampoco están en la prórroga presupuestaria que ha hecho Cristóbal Montoro. Es decir: si no hay nuevos Presupuestos generales en 2018, Balears puede encontrarse con un agujero de 187 millones en los suyos.
El Gobierno central aún debe 180 millones de euros al Govern por diversas obras de carreteras después de que los tribunales dieran la razón al Ejecutivo balear. Sin embargo, y pese a que en esta misma legislatura se ha firmado un protocolo de intenciones en este sentido entre el Govern y el Gobierno, estas cantidades no aparecieron reflejadas en los Presupuestos del Estado para 2017. Dado que se prorrogan, tampoco aparecen en los de 2018, pero sí figuran como ingresos en las cuentas de Balears del año que viene. No llegaran a menos que el ministro Montoro presente un nuevo proyecto de Presupuestos e incluya en ellos esta cantidad.
Este desvío de 120 millones de carreteras se suma al recorte de 67 millones en la financiación comunicados por el Gobierno al Govern hace unos días. También es una consecuencia directa de la prórroga presupuestaria: como los Presupuestos del Estado son los mismos que en 2017, las cantidades que llegan a las comunidades autónomas son las mismas. El Gobierno no pagará la previsión inicial que se hizo el pasado mes de julio en la que sí figuran esos 67 millones que ahora se quitan.
El PP balear aprovechó ayer esta circunstancia para pedir a Francina Armengol que presione al PSOE y apoye los Presupuestos en el Congreso. La portavoz del PP Margalida Prohens recordó, además, que el sistema de financiación que tanto critica el Govern se aprobó a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero.
El PSIB y Més enviaron ayer sendos comunicados en los que critican la retención de esos 67 millones de euros por parte de Montoro. El PSIB, a través de su portavoz en el Parlament, Andreu Alcover, pidió explicaciones a Biel Company por este hecho y le emplazó a que diga si está o no «al de los ciudadanos». David Abril, de Més, lamentó el «chantaje» del Gobierno a las comunidades autónomas y pidió la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
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