Un año de cárcel y tres años y medio sin poder conducir. Es la condena penal impuesta ayer a una vecina de Ibiza acusada de sendos delitos de lesiones imprudentes y negativa a realizar el test de alcoholemia tras el atropello de un joven en la avenida de la Paz, el 27 de marzo de 2014.
En el juicio celebrado ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza la acusada aceptó el acuerdo de conformidad alcanzado en la responsabilidad penal y que recogía la pena de un año de prisión que quedará en suspensión.
La vista oral continuó ya que las partes no estaban de acuerdo en la responsabilidad civil que ahora está pendiente de sentencia. La acusación particular reclama una indemnización de cerca de 25.000 euros, cantidad a añadir a los 47.000 que la víctima ya ha recibido.
El atropello ocurrió en torno a las 20.30 horas del 27 de marzo de 2014. Según el relato de los hechos, el joven cruzaba la avenida de la Paz por el paso de peatones localizado junto al Cetis cuando fue embestido por el coche que conducía la acusada.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias patrullas de la Policía Local. Según el escrito de acusación, la mujer se negó a realizarse la prueba de alcoholemia.
La mujer fue condenada a una pena de seis meses de prisión y dos años y medio sin carné por un delito de lesiones imprudentes, así como a otros seis meses de cárcel y un año y un día de prohibición de conducir por negativa al test de alcohol.
La víctima tuvo que ser operado hasta en cuatro ocasiones por las lesiones sufridas: fractura de húmero derecho y fractura de tibia y peroné. El joven explicó ante el tribunal que debido a la fractura de tibia y peroné le dejó unas secuelas. «La pierna me baila, no tengo un apoyo correcto», apuntó.
La acusada, que ya consignó en su día un total de 47.000 euros en concepto de indemnización, se enfrenta ahora a una petición añadida que rondaría los 25.000 euros ya que, además de los tres ingresos hospitalarios, la víctima reclama una compensación por la pérdida de ingresos derivada de la pérdida de un trabajo de auxiliar administrativo, así como por el hecho de que las lesiones sufridas «truncaron» su carrera como árbitro de fútbol.
En este sentido, la acusación subrayó que el joven tenía unos ingresos como árbitro de preferente, una condición y categoría que perdió ya que durante dos temporadas no pudo arbitrar ningún partido. La juez Clara Ramírez de Arellano deberá sentenciar sobre la parte civil.
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