El Ayuntamiento de Sant Antoni celebró ayer un pleno extraordinario donde aprobó, con la abtesción del Partido Popular, el pliego de concesiones para la gestión del servicio público de agua y alcantarillado del municipio. Según explicó Pablo Valdés, concejal de Medi Ambient, el valor estimado del contrato es de 99 millones de euros y se prevé una duración de 25 años «sin prórrogas».
Este servicio conlleva una serie de beneficios para el Consistorio: un canon inicial de 1,4 millones de euros para mejoras en el suministro del agua y del saneamiento, un canon equivalente al 2,5% de la facturación y uno de mejora de la infraestructura hidráulica de un 4,5% de la facturación «con el cual se pretende crear un fondo de liquidaciones parciales para poder ir ejecutando obras de renovación o mejora que harán falta en un contrato de 25 años». Además, habrá una inversión inicial de 3,5 millones de euros a ejecutar en los primeros años de vigencia del contrato. Por otra parte, Valdés explicó que los consumos municipales quedan exentos hasta un 5% del volumen total de facturación y «no se prevé una subida de las tarifas al usuario».
Empresa adjudicataria
A partir del momento de publicación de los pliegos administrativos en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), las empresas interesadas tendrán 60 días para presentar sus ofertas. «Una vez recibidas se seguirá el procedimiento habitual de contratación», señaló Valdés.
Además, explicó que la empresa interesada tendrá que ajustar los medios a las necesidades, hacer uso de las nuevas tecnologías, utilizar recursos relacionados con la sostenibilidad ambiental e invertir en formación de personal y en comunicación. A estos requisitos, se suma la creación de un plan director del servicio que prevea los problemas que puedan surgir y ofrezca soluciones al respecto. Importante también todo lo relacionado con la explotación del servicio: mantenimiento, conservación de las redes, la mejora de la eficiencia, la calidad del agua y la gestión y lectura de los contadores que «tendrán que renovarse, como mínimo, cada siete años».
Discrepancias
El objetivo del Ayuntamiento ahora es adjudicar el contrato para 2019. «Esperamos poder tenerlo adjudicado en un año de manera estable para que la gente lo note en la calle que es lo importante», expresó Valdés.
La oposición lamentó que en el pliego no constase la municipalización de redes privadas de agua que, a su juicio, deberían estar a cargo del Consistorio. Palabras que Valdés respaldó aunque precisó que, a día de hoy, «no se puede garantizar que sea un negocio rentable para el Ayuntamiento».
En este sentido, explicó que «aún no se ha hecho porque con el dinero público, que es de todos, hay que ser muy escrupuloso. Se seguirá profundizando en ello y cuando tengamos certeza de que lo que compramos cumple con lo que tiene que cumplir, lo haremos». Ante una nueva puntualización del Partido Popular, Valdés reiteró que «el equipo de gobierno se compromete a ir incorporando a la red pública aquellas redes privadas que considere necesarias».
Pepe Sala, portavoz de los populares, también criticó que el equipo de gobierno haya «perdido» tres años en hacer una mancomunidad únicamente con el Ayuntamiento de Ibiza. «La mancomunidad, hablo de memoria, nos ha dado una rentabilidad de unos 50.000 euros aproximadamente y se va a recuperar cerca de medio millón de euros más que no se podrían haber recuperado nunca si no se hubiera trabajado en este modelo de mancomunidad», puntualizó el concejal de Medi Ambient.
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