El juez decano y la fiscal jefe de Ibiza junto al resto de jueces y fiscales que presentaron ayer el documento reivindicativo.

Reclasificar urgentemente los juzgados de Ibiza dada su sobrecarga de trabajo con la consiguiente equiparación salarial, constituir un nuevo juzgado de lo Social y dotar correctamente el equipo psicosocial. Son algunas de las mejoras concretas para Ibiza que pusieron ayer sobre la mesa los jueces, magistrados y representantes del Ministerio Fiscal de la isla. Representantes del partido judicial de Ibiza se sumaron ayer al paro simbólico que secundaron unos 3.500 jueces y fiscales en toda España, un paro en el que presentaron el documento reivindicativo que han trasladado a las Cortes Generales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.

El texto propuesta recoge las 14 medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales y que fueron asumidas por 1.200 Juntas de Jueces, peticiones a las que se suman las efectuadas por las Asociaciones de Fiscales para mejorar su Estatuto y funciones.

Paralizar la justicia digital

El juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, esbozó las medidas que reclaman para «reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia con más calidad y eficacia; mejorar las condiciones profesionales». Por su parte, la fiscal jefe de Ibiza, Mamen Navarro, incidió en los aspectos referentes al Ministerio Fiscal que insisten en la necesidad de una mayor independencia y autonomía, y la «urgente paralización de la implantación de la justicia digital».

En este sentido denunciaron que con el sistema digital se «tarde seis o diez veces más de tiempo para acceder a un atestado. El sistema presenta serias deficiencias», subrayaron.

A la batería de medidas generales se sumaron una serie de reivindicaciones específicas de Ibiza con carga de denuncia. Así, el juez decano subrayó que se necesita urgentemente un nuevo juzgado de lo Social. «Ibiza soporta una carga de trabajo muy elevada y desde 2007 debería estar equiparada a otros juzgados con una carga similar. Estamos equiparados con juzgados que tienen la mitad o dos terceras partes menos de trabajo que nosotros», denunció Torres. Añadieron que hay que reclasificar los juzgados de Ibiza por su población y carga de trabajo.

Respecto a la sobrecarga, subrayaron la situación que se da en Primera Instancia, con una sobrecarga del 200 por ciento. La creación de la nueva sala la reducirá al 165 %, por lo que haría falta un nuevo juzgado más.

También se debería mejorar en personal y medios al equipo psico-social. «Debería haber dos personas y sólo hay una, que está concentrada en periciales de violencia de género».

Entre las reclamaciones también destaca la supresión de los magistrados designados por la Parlamentos autonómicos, una medida que favorecerá un refuerzo de la independencia y un «plan de inversión suficiente y prolongado» con el objetivo de incrementar la planta judicial, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.

EL APUNTE

Un calendario de movilizaciones que incluye concentraciones, paros y una jornada de huelga

Tras el primer paro simbólico realizado ayer, los jueces, magistrados y fiscales de Ibiza llevarán a cabo una serie de paros parciales todos los jueves, entre las 12.00 y las 13.00 horas. Además, el próximo 14 de abril, está prevista una gran manifestación en Madrid. Si no se obtiene respuesta por parte de la mesa de negociación, los jueces españoles irán a una huelga el 22 de mayo, según avanzaron ayer los representantes de la Administración de Justicia en Ibiza, en una convocatoria que se extendió por toda España. En el texto presentado ayer ante los medios de comunicación y que está secundado a título personal por 3.500 jueces y magistrados, piden a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con «urgencia» se acuerden medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas. La plataforma también pide la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal. Asimismo, reclaman la convocatoria «inmediata y formal» de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.