El delegado de la AEAT, Arnau Cañellas y Margarita Hernández, jefa de Gestión Tributaria de Balears, anunciaron ayer la campaña de la Renta 2017 y las medidas que Hacienda va a llevar a cabo para erradicar el fraude fiscal, en concreto en el alquiler turístico. | Jaume Morey

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) intensificará en los próximos meses el control al alquiler turístico vacacional con actuaciones y visitas presenciales en todas las Islas, pero la medida más coercitiva, una vez que se apruebe la orden ministerial, será que a partir del 1 de julio todas las intermediarios en el alquiler turístico tendrán que informar sobre los arrendamientos de este tipo, según anunció ayer el delegado de la AEAT en Balears, Arnau Cañellas.

La declaración será obligatoria para personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios. En particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información. «El objetivo es poder disponer de toda la información sobre las agencias inmobiliarias, plataformas y cualquier otro instrumento que se utiliza para alquilar para que se declaren todos los rendimientos y paguen los tributos correspondientes. Los controles abarcan, entre otros, el consumo eléctrico», afirmó el delegado de la AEAT.

Plataformas on-line

Aunque los titulares de las plataformas de alquiler vacacional no estén radicados en España, es posible requerir esta información sobre los arrendamientos de viviendas dentro del territorio nacional. Los servicios jurídicos de la AEAT ya han analizado esta circunstancia: «La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias. También deberá procederse a la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, del número de días de disfrute de la vivienda y del importe percibido».

De mayo a septiembre inspectores de la Hacienda estatal llevaran a cabo más de 1.000 actuaciones presenciales en las Islas «para erradicar el fraude fiscal en el alquiler turístico». La AEAT de Balears contará con la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), la ATIB y la Conselleria de Turisme. Las sanciones están ya tipificadas y son muy elevadas.

El Govern, por su parte, ha vuelto a presentar una nueva modificación de la ley de Turisme, que entra de lleno en el alquiler vacacional apenas seis meses después de la aprobación de la ley, que ya ha sufrido una modificación. Se dan más facilidades para la instalación de agroturismos y se regula el alquiler de los particulares que quieren alquilar su domicilio durante 60 días al año. También se modifica el apartado de las multas y se incluyen modificaciones a la regulación de la adquisición e intercambio de plazas, además de otros aspectos relacionadas con agencias de viaje on-line y de habilitación de los guías turísticos. Algunas de estas propuestas no cuentan con el apoyo de Podemos para salir adelante.