Cierre de filas de todos los investigados por los contratos del Goven. El exdirector gerente de la agencia de turismo de Balears, Pere Muñoz, y el exdirector de la campaña de Més, el empresario Jaume Garau, siguieron un guión muy similar a los exaltos cargos de la Conselleria de Cultura que habían abierto la ronda de declaraciones: no hubo ningún interés por beneficiar a ninguna empresa en determinado ni orden de ningún tipo. En concreto, Muñoz descartó cualquier intervención del entonces conseller de Turisme, Biel Barceló y el segundo negó que tuviera una relación de amistad con el exvicepresident.

Este primer argumento los han repetido los cinco investigados para defenderse del tráfico de influencias. Para el otro delito, prevaricación, defienden que no hay fragmentación de contrato sino que, se trata de adjudicaciones con objetos diferentes: la elaboración de encuestas por un lado y por otro un informe con esos datos como base.

Garau, en más de hora y media de declaración, defendió que actuó con el Govern actual de la misma manera que con otras administraciones: «Hemos tenido un respeto escrupuloso de la ley y exactamente el mismo funcionamiento que tenemos con otras autonomías. Somos una empresa de Madrid y con independencia de quien gobierne funcionamos exactamente de la misma manera». Puso como ejemplo que sus sociedades facturaron más trabajo con el Govern de José Ramón Bauzá que con el actual. En esa línea, insistió a la salida del juzgado que con las consellerias controladas por Més tenía la misma relación que con otros partidos: «En todo caso tengo exactamente el mismo vínculo que con tantas otras administraciones, trabajamos para ministerios, para el Gobierno de Andalucía, para la Generalitat, para Galicia..., tenemos relación por ser nuestros clientes, profesionales, de la máxima cordialidad y no hay nada que ocultar, absolutamente nada». Las acusaciones preguntaron a Garau sobre sus antiguos vínculos empresariales con el director general de Fondos Europeos, Félix Pablo Pindado y él lo desvinculó de estos contratos. Sobre el contrato que facturó al Institut d’Estudis Baleàrics, el menor de todos los que se investigan, admitió que lo entregó a la dirección general pero que más tarde se le indicó que lo tenía que facturar a la otra entidad. También defendió que las empresas que realizaron las encuestas son multinacionales y negó que fueran propuestas por su parte.

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Muñoz

Por su parte, Muñoz señaló que la decisión de invitar a las empresas de Garau no la tomó él y que tenían indicaciones de buscar la máxima transparencia para todas las adjudicaciones. De hecho, señaló que fueron funcionarios de su área quienes seleccionaron las sociedades para buscar las más adecuadas al estudio que se pretendía llevar sobre la satisfacción de los turistas que visitaban Balears.

Una vez que se han completado las declaraciones de los querellados por la Fiscalía, el caso queda ahora a expensas de lo que declaren los funcionarios que intervinieron en las contrataciones que serán citados en las próximas semanas para que declaren como testigos. Éstos tendrán que acreditar o desmentir que se fraccionó de forma arbitraria los contratos por valor de 125.000 euros para beneficiar a Garau, como sostiene la Fiscalía o que se trató de cinco contrataciones independientes en las que no hubo instrucciones políticas, como mantienen los imputados.