La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, aseguró ayer tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Ibiza, que no quería hacer valoraciones sobre las palabras del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, en las que reclamaba explicaciones al conseller de Treball, Iago Negueruela, sobre el expediente abierto del SOIB a las empresas del exconcejal de Hacienda Alfonso Molina, que dimitió el pasado jueves. No obstante, dejó claro que «las administraciones tienen que actuar siempre sobre la norma independientemente de quién sea». «Es lo que está demostrando el Govern y todas las instituciones en las que estamos gobernando», apuntó Armengol, que recordó que los funcionarios «hacen su trabajo» y que esta es la «forma de trabajar» de este gobierno, que «es la que corresponde en una administración como la nuestra».

La presidenta de Balears apuntó que tras las explicaciones dadas por parte de Molina y del alcalde Ruiz no podía añadir «mucha cosa más», aunque señaló que se trata de una «cuestión administrativa entre una empresa y el SOIB» y que «el empresario, evidentemente, tiene todo el derecho a defenderse ante cualquier expediente administrativo».

Respecto a la pregunta de si creía que Molina debía dimitir, Armengol apuntó que respetaba su decisión. «Cuando ha creido que era mejor dar un paso atrás para continuar haciendo su defensa a otro nivel y para que el Ayuntamiento siga tirando adelante con las políticas necesarias para los ciudadanos, lo ha hecho y yo lo respeto», aseguró la presidenta, que añadió que «es una cosa que muchos no hacen».

Por otro lado, Francina Armengol alabó tanto el trabajo de Alfonso Molina como del Ayuntamiento de Ibiza. En referencia al exconcejal aseguró que «es una magnífica persona de partido, comprometida con el proyecto y con la ciudad a la que representa». Además, recordó que el Consistorio cuenta con un «gran equipo de gobierno», que está haciendo un «magnífico» trabajo para los ciudadanos y «está tirando adelante un proyecto de cambio» para la ciudad.

Reclamación del SOIB

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El SOIB reclama a Molina un total de 27.133,14 euros de una subvención concedida a una de sus empresas para unos cursos de formación a parados impartidos entre 2009 y 2011, en la que el SOIB detectó irregularidades. En concreto, se le acusa de subcontratar empresas de un «entramado societario» de las que él mismo es el «nexo de unión», con el objetivo de hinchar los costes y aumentar el beneficio económico.

Negueruela

Por su parte el conseller de Treball, Iago Negueruela, ha expresado hoy «toda la confianza» y «todo el respaldo» a los técnicos del SOIB.

Negueruela ha señalado que los expedientes como el de Molina «ciertamente deben ser privados» y ha eludido referirse directamente al procedimiento sobre las sociedades del exconcejal: «Jamás valoramos las actuaciones de empleados concretos».

El conseller ha precisado que «Molina tiene derecho a recurrir dónde crea conveniente» si entiende que sus derechos han sido vulnerados.

Negueruela ha querido zanjar el asunto y ha considerado que en este tema «ya está todo dicho».