Este informe es el resultado de una investigación sobre las presuntas violaciones graves o sistemáticas del artículo 24 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, que hace referencia específicamente al derecho a la educación.
Un derecho que fue recogido durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero bajo la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según esta ley, «los Estados parte tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción».
Exclusión educativa
El informe detalla que el sistema educativo, fundamentado en un modelo médico-rehabilitador de la discapacidad, es excluyente con las personas con diversidad funcional.
Algunas de las consecuencias son que la gran mayoría abandonan sus estudios después de la ESO, ya que el sistema «no está lo suficientemente adaptado».
Como suelen acabar ingresando en centros de educación especial, separados de sus compañeros y compañeras, tienen escasas oportunidades de salir de «un sistema que los segrega de la sociedad».
En conclusión, afirma el informe, se ha perpetuado un patrón estructural de segregación educativa, basada en la discapacidad a través de un modelo médico, que afecta en especial a las personas con discapacidad intelectual-psicosocial y con discapacidad múltiple.
Una ley balear
Irene Ripoll, vicepresidenta de Apies, hizo hincapié sobre la necesidad de promulgar una Ley Educativa Balear para «no perpetuar dos modalidades separadas de educación (la ordinaria y la especial) qu econducen a al abandono de la educación post-obligatoria».
En este sentido, Ripoll recordó el incumplimiento del programa electoral del PSIB, que incluía un Plan Estratégico de Educación Inclusiva de la Conselleria d’Educació. Desde Apies aseguraron que «nos reunimos con el conseller Martí March y no nos explicó en qué estado se encontraba la elaboración de ele plan. Lo único que hacen es poner parches». Por ello consideran necesario realizar a corto plazo «un plan de acción para cumplir con la legislación existente», en un plazo acorde con las directrices europeas.
Asismo, Ripoll señaló que las partidas destinadas a «una implementación efectiva de la educación inclusiva deben ir incluidas en los Presupuestos Generales del Estado destinados a Educación», para cumplir con el objetivo de una educación en igualdad.
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