El Ministerio Fiscal pide penas de ocho y nueve años de prisión y una multa de 1.118.798 euros para los siete acusados (seis hombres y una mujer) que serán juzgados el próximo miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial por los delitos de tráfico de drogas e integración en grupo criminal.
Según el escrito de acusación, los siete acusados «funcionaban como una estructura perfectamente organizada cuya finalidad exclusiva era el lucro proveniente de la difusión de sustancias estupefacientes a terceras personas, concretamente cocaína».
La Fiscalía pide penas de ocho años de cárcel para seis acusados (dos por un delito de integración en grupo criminal y seis por el delito contra la salud pública). La pena más elevada, de nueve años de prisión y multa de 776.000 euros es para la única mujer que se sentará en la banqueta de los acusados.
La organización estaba asentada en Santa Eulària, en una vivienda localizada en la calle Ginestas. En este punto, escondida en un armario cerrado con candado, la organización guardaba varias cantidades de cocaína de gran pureza y pequeñas cantidades de ketamina.
Golpe policial
La banda de narcos fue desarticulada en el marco de una operación desarrollada de forma simultánea por agentes de la Policía Nacional el 7 de agosto del pasado año.
En el marco de la bautizada como ‘operación Pecas’, la Policía Nacional destapó el laboratorio para adulterar cocaína desmantelado en una vivienda de Siesta y arrestó a un total de ocho personas. La fase de explotación del operativo se activó después de una laboriosa investigación que permitió destapar la organización especializada en la introducción de cocaína en la isla.
La investigación había arranacado meses atrás al poner el foco sobre un hombre de 37 años y nacionalidad colombiana que lideraba una organización de narcotráfico.
Las pesquisas permitieron ir identificando a los integrantes de este grupo criminal, así como determinar el papel que desempeñaba cada uno dentro de la organización. Junto al líder, conocido como ‘El Pecas’, destacaba la figura de otro colombiano, un expolicía de 34 años que pasaba por ser el lugarteniente del líder de la banda. Según la investigación, los dos acusados de nacionalidad española y marroquí eran los encargados de la venta directa de las dosis entre los años 2016 y 2017.
Las investigaciones para desenmarañar las operaciones delictivas del grupo fueron muy complicadas ya que los integrantes de la banda empleaban estrictas medidas de seguridad. Así, los agentes se incautaron de 41 teléfonos móviles que empleaban para dificultar un eventual control de sus comunicaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El líder de esta banda de narcos había regentado un locutorio en Vila, un hecho que le facilitaba las operaciones para obtener terminales y tarjetas telefónicas sin dejar rastro.
Seis de los siete procesados se encuentran en prisión provisional desde el día de su detención.
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