Aída Alcaraz a su llegada a los juzgados acompañada por compañeros del tripartito. | DANIEL ESPINOSA

La concejal de Governació y tercera teniente de alcalde de Sant Antoni, Aída Alcaraz, aseguró ayer estar «tranquila» y a la espera de lo que decida la juez tras declarar en calidad de investigada por un presunto caso de acoso laboral.

Alcaraz, que estaba citada para comparecer en sede judicial a raíz de la querella presentada por un agente de la Policía Local de Sant Antoni a finales de abril, llegó a los juzgados de Isidor Macabich acompañada por los miembros del tripartito Pablo Valdés, Antonio Lorenzo, Fran Tienda y Cristina Ribas.

Un hora después de su llegada, la concejal de Governació atendía a los medios de comunicación a las puertas de los juzgados respaldada por su compañeros del equipo de gobierno. «He contestado a las preguntas de la jueza y estoy satisfecha porque he tenido la oportunidad de declarar y dar respuesta a las cuestiones planteadas», subrayó Alcaraz, quien advirtió que al tratarse de una causa «judicializada no puedo dar más detalles». Añadió estar «tranquila. Ahora sólo queda esperar».

Hostigamiento psicológico

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, admitió a trámite el pasado 2 de mayo la querella y ayer tomo nota del testimonio de Alcaraz que declaró como imputada. Es el segundo proceso que tiene abierto la edil de Governació por presuntos casos de acoso en el ámbito laboral.

El pasado 24 de mayo, el agente querellante ratificó la denuncia ante la juez instructor. Ese mismo día declararon otros dos funcionarios.

En la denuncia, el agente de la Policía Local de Sant Antoni que lleva más de 30 años en el cuerpo y es uno de los más veteranos en la plantilla, relata que desde hace dos años «viene siendo objeto de determinadas decisiones adoptadas por la superioridad, manifiestamente arbitrarias y que sistemáticamente niegan cualquier petición, tratando de arrinconar al denunciante».

El denunciante describe una serie de situaciones que incluyen desde la denegación de días de asuntos propios hasta la negativa a formar parte de la Unidad de Policía Referente, para la que el Ayuntamiento convocó dos plazas.