La consellera Pepa Marí, minutos antes de la entrevista. | Arguiñe Escandón

Al Departamento de Territori i Mobilitat del Consell d’Eivissa se le plantean gran cantidad de retos. Muchos todavía por delante y otros tantos a tramitar, pero todos son medidas que responden al objetivo a largo plazo de alcanzar la sostenibilidad, la adaptación y la accesibilidad suficientes para hacer de Ibiza un lugar óptimo para sus habitantes y sus recursos medioambientales. Este es el deseo trasladado por su titular, Pepa Marí, responsable entre otras cosas, de competencias como la ordenación del territorio, el control urbanístico, el transporte terrestre y las infraestructuras viarias.

Ustedes han anunciado esta semana que trasladarán al Plan Territorial Insular (PTI) el contenido de la normativa territorial cautelar que limita la construcción en suelo rústico. ¿No se tendría que haber consensuado este cambio?
—Me gusta poner las cosas en contexto, porque nosotros llegamos con un programa electoral consensuado con Podem-Guanyem en el que entendíamos que la especulación y la construcción en rústico estaba desatada y teníamos que tomar medidas para hacerlo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue acordar de forma urgente medidas en materia de terrenos rústicos. Hay mansiones muy grandes que entendemos que no dan solución al problema de la vivienda, que se hacían en determinados lugares, como zonas boscosas, que plantean problemas. Ese es el contenido de la norma territorial cautelar y que queremos traspasar al PTI como algo muy puntual. Esta norma tiene una duración de tres años y si no se ha introducido en la normativa no tiene ningún efecto. Hemos sido muy exigentes con la empresa que está llevando el diagnóstico del PTI para analizar esa dinámica. Este diagnóstico es básico para alcanzar ese consenso tan necesario y a partir de ahí debatir qué modelo de isla queremos, pero eso se tiene que hacer con datos, cosa que aún no tenemos a día de hoy y por eso no estamos ahora en ese proceso de participación pública para tomar decisiones.

Los propios arquitectos han pedido que retire esta modificación, ¿qué le parece?
—Ellos estarán en el consenso de modelo de isla. Estas cuatro medidas que llevamos al PTI era con consenso del equipo de gobierno porque entendemos que son medidas básicas necesarias para la conservación de la isla. El Colegio de Arquitectos siempre ha estado llamado a poder aportar y trabajar y. de hecho, en ningún momento ellos han ido en contra de estas medidas. ¿Quién esta a favor de construir en bosques? Estamos siempre abiertos a participación, pero necesitamos propuestas constructivas para poder hablar de territorio.

¿Tendrán tiempo de revisar el PTI de 2005 antes de que termine la legislatura?
—Será difícil, porque todo proceso que necesita diálogo y va al fondo del modelo necesita un tiempo de maduración. Por eso nuestro objetivo es poder cerrar esta modificación puntual, que no corra el riesgo de caer esta normativa cautelar y volvamos a la misma situación de antes y aprobarlo a finales de año o a principios del siguiente.

¿Cuándo estará listo el diagnóstico que encargaron sobre el PTI?
—A finales de año o principios del siguiente, porque igual antes de elecciones no podrá aprobarse, será difícil.

¿Por qué no se han reunido aún con la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep, como ellos han solicitado?
— Nos hemos reunido varias veces durante el proceso de la norma y ahora no me consta que nos hayan vuelto a pedir una reunión. Entendimos que no necesitábamos otro proceso tras la aprobación. Sí se dieron pasos legales en la exposición pública y cuando se apruebe inicialmente a finales de verano, para participar y hacer alegaciones. Estamos abiertos a todos en un debate de carácter positivo, es decir, no sirve que nos digan ‘no nos gusta, retírala’. Tenemos que hablar para saber qué cosas se pueden modificar siempre respetando este deseo que lleva a esta modificación que es a intentar parar la especulación.

¿Qué está haciendo el Consell para solucionar los problemas urbanísticos de Cala Vedella?
—Es un tema complicado, porque Cala Vedella es un exponente de cómo no se tienen que hacer las cosas. Es una zona que ha crecido de manera irregular y padece unos problemas endémicos que ahora están aflorando. Nuestra postura en este momento, y dado que muchos de estos problemas están dentro de lo que se considera suelo urbano desde que entró en vigor la nueva Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), es que esto es competencia del Ayuntamiento y no tenemos nada que decir.

Sin embargo, la suspensión del planeamiento es competencia del Consell, ¿por qué no suspenden el planeamiento de Cala Vedella, como les pide el Ayuntamiento de Sant Josep?
—Hemos estado hablando con el Ayuntamiento de Sant Josep y entendemos que la suspensión de licencias no es la solución al problema. La solución pasa por ver lo que se ha hecho hasta ahora, ver las licencias dadas y cómo se están ejecutando, lo que es competencia municipal. Por eso cuando el Ayuntamiento nos pide la suspensión de licencias contestamos que estamos abiertos a ayudar pero esa medida concreta no consideramos que sea la adecuada y solucione el problema.

¿Ha otorgado el Consell las cédulas de habitabilidad solicitadas por la promotora Vadella 64?
—No. En principio se hizo una primera solicitud de cédulas que se denegaron, porque eran para viviendas en un terreno no apto para la construcción de viviendas, con lo cual las denegamos y cerramos el expediente. Ahora se han vuelto a pedir solicitudes como ‘estudios’, con lo cual nosotros hemos pedido más documentación.

En materia de movilidad, ¿cuándo abrirá el Cetis?
—La estación es del Ayuntamiento, con una concesión suya, pero nosotros somos los que tenemos que dar las órdenes a las empresas que ofrecen el servicio público de transporte garantizando que la estación es segura y operativa. Una de las medidas era dar cumplimiento a un informe técnico de esta casa, que decía que no se cumplía con esos criterios a mediados del 2016. Se puso de manifiesto y se tuvieron una serie de reuniones con la empresa para ver cómo dar salida a esos criterios.

Entonces, ¿qué falta para que abra?
—El informe que ahora se está ejecutando. Este paso no habrá terminado hasta que tengamos un informe favorable de que las obras se han hecho tal y como se acordó y de que la estación es segura y operativa. Este último informe, que se podrá dar próximamente, será validado. Es difícil saberlo porque no podemos controlar los plazos tanto del Ayuntamiento como de la concesionaria. Pero cuando esto se termine tenemos que calcular los nuevos itinerarios que parten del Cetis, y ya estamos trabajando con las operadoras, Sagalés y Alsa, para que nos envíen sus propuestas. Cuando esté fijado, cambiaremos el contrato concesional porque ese contrato que tienen con nosotros es el que estipula las obligaciones de las empresas con nosotros. Entre esas obligaciones está la de regular las paradas en la nueva estación de autobuses. En base a eso en poco tiempo diremos ‘tal día abrimos el Cetis’ y empezaremos a operar. Sabemos que tenemos a todo el mundo de cara e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Lo que nos interesa es que funcione desde el primer día.

¿Cómo financiarán la nueva contrata de autobús regular?
—El transporte regular es deficitario para todas las administraciones. Entonces. el sistema por el cual se puede entrar en una concesión es en obligación de servicio público. Estamos hablando de que esta institución tiene competencia para el transporte público, quiere dar un servicio a la ciudadanía a través de una empresa privada, pero nosotros no nos conformamos con lo que haría rentable a esa empresa privada, entonces ponemos un dinero en base a esa obligación.

El hallazgo de restos arqueológicos retrasará las obras de la ampliación de la carretera de Santa Eulària?
—Esos yacimientos resulta que son superiores a lo que esperábamos encontrar. Lo que pasa que en una obra tan importante como esta, con estos plazos, (de 18 meses) y tales dimensiones, entendemos que serán posibles retrasos que se podrán ir amortiguando con el avance de otros puntos de la obra. Hablando con la empresa, sí que se pueden dar retrasos en esta primera fase de la obra, pero serán compensadas dentro del margen total del plazo.

Su partido ha dicho que este proyecto no es el que preferían, ¿qué no les gusta? Y, ¿qué modelo proponen?
—Por nuestra parte, el modelo pasa por optimizar el servicio de movilidad sin aumentar las infraestructuras. Sí que en Ibiza hay muchos coches, cada vez más, y el hecho de hacer las carreteras más anchas o desdoblarlas pues da sus soluciones al problema, como en este caso donde por esta zona pasa la mitad del tráfico de la isla. Pero lo que nosotros planteamos es abogar por el transporte público y dar opciones de movilidad que no pasem por coger el coche y meternos en el atasco, o potenciar otras formas de transporte como la bicicleta en trayectos cortos o senderos para ir andando y transporte colectivo y eficiente en trayectos largos.

¿Cuándo empezarán las obras en la rotonda de ses Païsses?
—En ses Païsses ha habido un problema muy grande de siniestralidad y el proyecto de las rotondas lo estamos terminando ahora y se aprobará el mes que viene a muy tardar para sacar a licitación. Como los términos de licitación son un poco largos, para este año no estará.

¿Adjudicará el Consell alguna otra obra antes de agotar la legislatura?
—Estamos trabajando en diferentes proyectos, además de los emblemáticos, que llevan mucho trabajo y tiempo. Estamos haciendo otras obras como terminar la de Sant Carles a sa Cala, una mejora del tramo de Sant Rafel hasta Santa Agnès, que esperamos licitar próximamente, y trabajando en un tratamiento superficial en la de Santa Agnès a Sant Miquel. También se está haciendo una mejora en los sistemas de seguridad de la de es Cubells. Lo vamos a ir sacando poco a poco, porque la seguridad en las carreteras es algo que nos afecta a todos.