El juzgado archiva la querella que presentó Vilás contra el alcalde de Santa Eulària

| Santa Eulària |

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Vicent Marí es alcalde de Santa Eulària. Foto: ARGUIÑE ESCANDÓN

Vicent Marí es alcalde de Santa Eulària. Foto: ARGUIÑE ESCANDÓN

A.E.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Ibiza ha decretado el archivo de las actuaciones por la querella interpuesta por el empresario Francisco Vilás contra miembros del Ayuntamiento de Santa Eulària.

Según ha recordado el Consistorio, la querella se había presentado contra el alcalde Vicent Marí; los concejales de Urbanismo y Hacienda, Mariano Juan y Pedro Juan, así como contra un técnico municipal, por supuestamente haber actuado ilegalmente para favorecer al promotor de un nuevo centro médico privado en Jesús.

El escrito acepta las argumentaciones de Fiscalía y de los abogados defensores, asegurándose que «no existe ningún motivo para considerar que se ha producido un delito de prevaricación».

El pasado julio, han recordado desde el Ayuntamiento, otra resolución desestimó la existencia de malversación de fondos públicos. La resolución afirma que «como expone el Ministerio Fiscal, no puede estimarse que la conducta de los querellados se ajuste al tipo penal que regula el delito de prevaricación (...) al no existir resolución».

De esta forma, han explicado, se defiende lo mismo que ha mantenido el Ayuntamiento, que el procedimiento para conseguir licencia para un hospital privado aún está abierto y en tramitación, sin que haya ningún pronunciamiento o interés por parte del Consistorio al respecto.

Según ha comunicado el Consistorio, la parte final de la disposición afirma que «de ninguna manera se puede considerar que la actuación realizada en la tramitación de las licencias por parte de los querellados sea arbitraria».

El auto considera que desde el Ayuntamiento se han hecho actos para tramitar la licencia sin «mala fe o de forma arbitraria» y, en ningún caso, deben considerarse como hechos a ser perseguidos por la vía penal.

Recurso

Por su parte, Vilás ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia provincial alegando que no se han practicado las pruebas solicitadas por el querellante. Además, insiste en la existencia de indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

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