Llegada del alcalde de Sant Antoni, Pep Tur 'Cires', acompañado por hasta cinco ediles para declarar en los juzgados por el chiringuito de Cala Gració. | Paco S. Pérez

El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur ‘Cires’, ha llegado esta mañana a los juzgados de Ibiza acompañado por hasta cinco ediles, entre ellos el teniente de alcalde Pablo Valdés, para declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza en el marco de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la propiedad del chiringuito de Cala Gració, Bambagas S.L., por un delito contra la ordenación del territorio. En el auto de 30 de julio en el que se citaba a las partes, la juez apunta que de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha “hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación”.

El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur 'Cires', declara en los juzgados por el chiringuito de Cala Gració

Llegada del alcalde de Sant Antoni, Pep Tur 'Cires, acompañado por hasta cinco ediles para declarar en los juzgados por el chiringuito de Cala Gració. Foto: Daniel Espinosa.

Además de ‘Cires’, que estaba citado para declarar a las 11.15 horas, también deben comparecer de forma sucesiva la concejala de Urbanisme, Cristina Ribas, y dos técnicos municipales.

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Asimismo, todas las partes deberán comparecer a las 12.15 horas en una vista para las medidas cautelares.

La propiedad del chiringuito presentó la querella tras la decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni de bloquear la apertura de un negocio que previamente había autorizado. Desde consistorio alegaron que la negativa respondía a unas «irregularidades» en el expediente, a pesar de contar con el visto bueno de los técnicos municipales, del Govern balear y de la Demarcación de Costas.

El Ayuntamiento de Sant Antoni, en sesión de Junta de Gobierno Local del 25 de abril, permitió la instalación para la actividad del quiosco tras emitirse un informe favorable por parte del técnico municipal. A raíz del revuelo ciudadano que ocasionó la instalación del chiringuito, los días 18 y 22 de mayo se presentaron dos informes técnicos por parte de la inspectora de Urbanisme y Activitats y por la arquitecta municipal poniendo de manifiesto la existencia de «ilegalidades» en el expediente tramitado por Costas.