El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Eivissa anunció ayer que exigirá conocer las intenciones del equipo de gobierno para solucionar la actual situación del contrato de gestión de los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado.
Según recordó el PP, este mes se cumplirán tres años de prórroga de la actual concesionaria. Los populares afirmaron que «lo único» que ha hecho el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, y su gobierno en esta materia ha sido «despilfarrar y dilapidar casi 65.000 euros en contratos de asesoramiento en el fallido proyecto de mancomunar este servicio público con el Ayuntamiento de Sant Antoni».
Asimismo, explicaron que hace más de un año Sant Antoni puso fin a la operación de crear una mancomunidad entre su municipio y el de Ibiza para la gestión del servicio municipal de suministro de agua potable y alcantarillado al comunicar que, «por motivos de plazos», había empezado los trámites para poder licitar de manera individual este servicio público.
«Hasta ese momento, el fallido proyecto de la mancomunidad del agua había costado a los vecinos de Ibiza un total de 64.545,94 euros, distribuidos en cuatro contratos de asesoramiento adjudicados siempre a la misma empresa de Madrid», indicaron desde el PP.
Tras fracasar el proyecto de la mancomunidad, el equipo de gobierno licitó un quinto contrato para la asistencia técnica, económica y jurídica para la elaboración de un «estudio de alternativas de modalidad de gestión» del servicio público por importe de 16.940 euros.
Hasta la fecha, ha explicado el PP, no se tiene constancia de que el informe haya sido entregado.
Además, los ‘populares’ pedirán explicaciones al haber encontrado dos decretos de adjudicación de este contrato menor, en los cuales figura el mismo objeto contractual pero dos importes diferentes: uno por valor de 6.950 euros (sin IVA) y otro por 14.000 euros (sin IVA).
El Grupo Popular reiteró que quiere aclarar en el próximo pleno si «esta duplicidad es un error o un intento de saltarse la Ley», en el caso de que se hubiera fraccionado el mismo contrato en dos partes para vulnerar la legislación que regula la contratación en el sector público. «Después de que el PSOE adjudicara consecutivamente cuatro contratos de asesoramiento a la misma empresa, el tema del agua en Vila no parece demasiado claro», aseguraron desde el PP.
Según recordó esta formación, desde noviembre de 2010, FCC Aqualia ha desarrollado su actividad en el marco de una prórroga que finalizó en noviembre de 2015 y han resaltado que una nueva adjudicación de este servicio supondría inversiones millonarias en el municipio, afirmando que el alcalde se ha pasado «un mandato entero en blanco en un asunto tan importante como suministrar agua de calidad a los vecinos de la ciudad y dotar a la ciudad de un saneamiento que no inunde las calles de desechos cada vez que llueve».
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