Imagen de archivo del colegio Can Raspalls. | DANIEL ESPINOSA

El colegio público Can Raspalls ha emitido un comunicado para desmentir, según explican, las «falsedades» que se han publicado en diversos medios de comunicación a raíz de que una madre denunciara que sus hijos no recibían educación en castellano.

«El conjunto de actuaciones que los docentes llevamos a cabo, en relación al tratamiento de las lenguas en nuestro centro, quedan recogidas en la normativa que rige la educación en las Illes Balears y en el Proyecto Lingüístico del Centro. Así, este documento de identidad nace del consenso», señalaron desde el centro al tiempo que apuntaron que «ha sido aprobado por el Claustro, Consejo Escolar e Inspección Educativa, lo que hace que esté enmarcado dentro de la ley».

En este sentido, recordaron que la escuela «acoge» a alumnos que proceden de diferentes países, algo que valoran positivamente, ya que consideran que la diversidad es un aspecto enriquecedor y un reflejo de la sociedad en la que vivimos. «La lengua es un ejemplo más de esta diversidad y el alumnado ha sido atendido correctamente sin importar la lengua que utilice, ya sea para expresar sus necesidades básicas como, por ejemplo, las emocionales, sociales, etc», detallaron.

Asimismo, puntualizaron que en el colegio se respeta la libertad de expresión del alumnado en todo momento «tanto como queremos que se respete la del resto de nuestra comunidad educativa (alumnado, docentes, familias y otros profesionales)».

Denuncia en el juzgado
Por su parte, Irma, la madre de tres alumnos del CEIP Can Raspalls, considera que el centro no cumple con la ley al denegarles la educación en castellano. «En el curso 2015-2016 quitaron todo el castellano y se impartía solo en catalán, como lengua única, salvo en Lengua y en Religión que son seis horas semanales, aunque no siempre se cumple», señala.
Según cuenta Irma, sus hijos se han visto en «desigualdad» de condiciones con otros compañeros de clase por pedirle al profesor, por ejemplo, ir al baño en castellano o no tener el libro de matemáticas en catalán.

Este tipo de situaciones han llevado a esta madre a presentar diferentes escritos en la Conselleria de Educació. «Me dijeron que ellos entendían que mis hijos estudiaban en castellano, catalán e inglés en una proporción razonable y que, si no estaba de acuerdo, podía cambiarles de centro», explica.

Una respuesta que no consideró que fuese la más adecuada, pero a la que estaba dispuesta; por ello, pidió una lista de todos los centros de la isla que impartieran clases en castellano. «Tuvimos una reunión con Margalida Ferrer y de palabra nos dijo que no había colegios para estudiar en castellano en Ibiza, que podíamos mandarles a uno privado», indica Irma. «El problema es que el privado tenía una lista de espera enorme», añade.

Al hecho de que a sus hijos se les denegó, en ocasiones, participar en las clases por expresarse en castellano se suma, dice la madre, que el centro envía las notificaciones en castellano. «En Inspección me dijeron que tenía derecho a recibirlas en castellano, pero que fuera tolerante», cuenta. «Hubo una actividad con mi hija que yo no entendía y se negaron a dármelo en castellano. Ante esto, la inspectora me dijo que lamentaba que no quisiera participar en la educación de mis hijos, cuando solo lo quería en castellano para entenderlo».

Tras enviar escritos a Educació, Casa Real, Rajoy, Sánchez y al Defensor del Pueblo, Irma optó hace un mes por poner una denuncia en el juzgado. «El Defensor del Pueblo emitió un escrito en enero diciendo que mi hija de 6 años, que está recibiendo la primera enseñanza, tiene el derecho de recibirla en castellano salvo la asignatura en catalán. Pedí al colegio que se aplicara la ley y me dijeron que el Defensor del Pueblo se había equivocado porque aquí tienen su normativa autonómica», remarca la madre.

Lo que pide, dice, es que haya en Ibiza una escuela pública para sus hijos «donde se respeten sus derechos y se vele por su bienestar». A su juicio, las familias castellanoparlantes están «excluidas» de la red educativa en Balears y deja claro que no está en contra de la lengua catalana ya que «cuanta más riqueza lingüística tengas mis hijos mejor, pero también quiero que la tengan de su lengua materna».

Apima
Desde la Apima de Can Raspalls han denunciado que «la demanda individual de esta madre afecta al buen desarrollo de las clases, ya que crea agravios comparativos entre los niños a nivel educativo».

Según dicen, la Apima trabaja diariamente por y para el beneficio de todos los alumnos del centro; un centro donde, insisten, prima la diversidad en las aulas, tanto en nacionalidades como en cultura e ideas. «El nexo es, en parte, la cultura y la lengua de Ibiza, la isla que nos ha visto nacer en algunos casos y nos ha acogido en otros tantos».

Con este comunicado han querido demostrar su apoyo al colectivo de docentes de Can Raspalls e invitar a todos los padres a trabajar de forma colectiva en la mejora del centro «a todos los niveles».