Eduardo López, Carmen Planas y Antoni Riera, este miércoles, en la presentación del informe. | Teresa Ayuga

La Asociación de Constructores de Baleares critica la pasividad de las administraciones locales, la inseguridad jurídica que se crea con los cambios de normativas urbanísticas y los retrasos de los ayuntamientos en la concesión de licencias de construcción, según se puso ayer de manifiesto en la presentación del informe monográfico sobre este sector realizado por la Fundació Impulsa y promovido por la CAEB y la patronal de construcción.

El director técnico de Impulsa, Antoni Riera, desglosó el contenido del monográfico, en el que se destaca que es preciso corregir «la inseguridad jurídica que deriva de la creciente complejidad del ordenamiento jurídico».

Riera apuntó que esto explica la indeterminación o incertidumbre que ello genera «en los operadores jurídicos y económicos». Al mismo tiempo, resaltó la preocupación manifiesta por los retrasos en la tramitación de licencias, «porque ello provoca un alza de costes sobre la planificación de nuevos proyectos de obra, más aún cuando la tramitación de los planes de urbanismo de los que depende el sector se extiende más allá de ocho años».

El presidente de la patronal, Eduardo López, afirmó que si la inseguridad jurídica persiste «acabará con la actividad de construcción en todas las Islas».

Añadió que los ayuntamientos deberían agilizar la tramitación de licencias administrativas en un año o año y medio: «Esto incidiría positivamente en la actividad de un sector sujeto a muchos imponderables y que en estos momentos está mediatizado por el retraso de licencias».

Afirmó que no hay burbuja inmobiliaria, «más aún cuando se construyen 2.500 viviendas, cifra muy lejos de los años previos a la crisis en los que se construían entre 8.000 y 15.000 viviendas anuales».

López exigió un cambio de actitud a todas las administraciones en lo que concierne a facilitar más suelo urbano: «El mercado demanda suelo urbano barato para que las viviendas puedan ser asequibles, de ahí que las administraciones deben ser más sensibles y no actuar con criterios políticos. La demanda en estos momentos es muy superior a lo que se está construyendo», sentenció.

El director técnico de Impulsa desglosó la trayectoria de un sector que ha pasado de la recesión técnica a convertirse en uno de los de mayor generación de empleo en los dos últimos años.

El informe refleja que la mejora del nivel de actividad ha posibilitado una recuperación de empresas y que su viabilidad económica sea más factible por la apuesta por la diversificación de actividad, en concreto la rehabilitación y reparación de viviendas.