Imagen de los restos arqueológicos hallados durante las obras en la carretera de Santa Eulària.

Representantes del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de las Islas Baleares (CDLIB), trasladaron ayer al conseller de Patrimoni, David Ribas, su «absoluto rechazo» a las medidas adoptadas en la Ciotupha del pasado 17 de diciembre respecto a la solución adoptada en la gestión de los restos arqueológicos, en concreto las zanjas de cultivo, que están apareciendo con motivo del desdoblamiento de la variante de Ca na Negreta y nueva variante de Jesús.

Desde la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados exigen la retirada de dichas medidas «porque suponen un importante retroceso en los avances conseguidos desde el traspaso de las competencias en cuanto a la gestión del Patrimonio a la Comunidad autónoma y al Consell d’Eivissa desde la aprobación de un marco regulador».

En el comunicado de prensa remitido ayer, los arqueólogos consideran que «los argumentos esgrimidos para su aprobación, paralización de la obra y gasto público suplementario, no justifican las medidas adoptadas que sientan un gravísimo precedente».
La representación de la sección de Arqueología en las Pitiusas añaden que los argumentos «también constituyen un agravio comparativo para todas aquellas obras que sí han cumplido con la legalidad y la normativa».

Rechazo total

Los arqueólogos manifiestan su «enérgico rechazo» a las medidas adoptadas por el Consell porque consideran que «la disminución de la superficie y profundidad excavada arqueológicamente compromete peligrosamente la correcta interpretación y la reconstrucción histórica del yacimiento».

Asimismo, consideran que estas medidas representan un «precedente muy peligroso para el futuro de la gestión arqueológica, ya que posibilitan la modificación de los criterios y las normas a la demanda».

Además, añaden, supone un agravio comparativo con excavaciones pretéritas en las que sí se han documentado y agotado los niveles arqueológicos», tal y como prescribe el Decreto 14/2011, de 25 de febrero de las Islas Baleares.