El documento está firmado por los sindicatos presentes en la Mesa General de Funcionarios.

«Nos sentimos engañados. Durante meses, años incluso, el Ayuntamiento se escudaba en la Ley Montoro, pero ahora hemos visto que no era más que una excusa. Nos sentimos engañados porque en mayo abrimos unas negociaciones que se debían haber rubricado en diciembre, pero el Ayuntamiento no ha cumplido con sus compromisos y por ello no nos queda otra que romper las negociaciones». Así expresaba ayer Salvador Barber, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ibiza, la sensación de engaño que reina entre la mayoría de los trabajadores del Consistorio vilero y que ayer se plasmó en un escrito suscrito por los sindicatos con representación en la Mesa General de Funcionarios (UGT, CC OO, CSIF y SPPME).

En el documento, los trabajadores subrayan que a finales de septiembre, las partes presentes en la Mesa General de Funcionarios consensuaron un documento en el que venían recogidas la recuperación de las 35 horas semanales y el complemento de productividad -que se adeuda desde hace diez años-, aspectos que el equipo de gobierno había frenado hasta el momento, alegando la conocida como Ley Montoro. Los sindicatos recuerdan declaraciones en las que el ex primer teniente de alcalde, Alfonso Molina, se comprometía a llevar a cabo estas medidas «tan pronto como fuera posible realizarlas».
Incumplimientos y excusas

Los sindicatos añaden que el pacto quedó pendiente de unos flecos y que el compromiso del Ayuntamiento era que entrase en vigor a principios de enero. Los representantes sindicales advirtieron que la parte política en la mesa de negociación «empezó a desmarcarse y el 18 de enero hizo oficial su negativa a la jornada de 35 horas y dejó pendiente el visto bueno a la posible subida de la productividad». Los sindicatos anuncian que no se volverán a sentar en la mesa de negociación con el actual equipo de gobierno hasta que no reconsidere su postura y cumpla con la jornada laboral y el abono de la productividad, acordada en el pacto y pendiente desde 2012.