Los operarios ya han apuntalado más de la mitad del edificio incendiado y ya se han trasladado buena parte de los expedientes que había en las dos primeras plantas. | MARCELO SASTRE

La actividad judicial en las dependencias del Consell se demorará previsiblemente hasta mediados de la semana próxima, ya que todavía se deben recepcionar e instalar los sistemas informáticos reclamados a Justicia, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicias de las Illes Balears.

Quince días después del incendio que dejó «completamente inactiva» la sede judicial de Isidor Macabich, Justicia trata de recuperar el pulso a la actividad, pero de momento funciona al ralentí con las minioficinas habilitadas en el edificio Cetis, sede donde el juzgado de guardia y el de Violencia sobre la Mujer están activos desde el pasado día 22.

Las actuaciones se han intensificado en todos los frentes y los trabajos en la sede incendiada no cesaron durante el fin de semana. Trabajos a contrarreloj que ayer dejaron sin suministro eléctrico a decenas de vecinos de la zona. El apuntalamiento del punto donde se ubicaba un cuadro de luces obligó a cortar el suministro durante buena parte de la mañana, un corte que molestó a vecinos y comerciantes, que aseguraron no haber sido avisados de la contingencia.

Traslados y retirada de material

El apuntalamiento desde el sótano hasta la planta segunda ha permitido la retirada de documentos, expedientes y material presentes en el juzgado de Violencia sobre la Mujer y en el número 1 de Instrucción.

Según las fuentes consultadas, el edificio se da prácticamente por perdido pero se valora la posibilidad de utilizar el ala donde se localizaba el Instituto de Medicina Legal y Forense.

El arco de seguridad y el escáner de la entrada han sido trasladados hasta el retén de la Policía Local de Vila, instalaciones donde se emplazarán alguno de los servicios del juzgado.
Paralelamente, en el chaflán de enfrente, punto donde se alzan los nuevos juzgados, la actividad también es frenética. El juez decano confía en que los plazos se cumplan y las instalaciones estén disponibles para verano. No obstante, la prioridad ahora es conseguir una cierta normalidad en una administración de justicia que quedó suspendida desde el pasado 21 de enero.