‘Cires’ asegura que no aprobar la contrata «perjudica» a los ciudadanos. | Marcelo Sastre

El Ayuntamiento de Sant Antoni no admitió ayer el recurso de reposición interpuesto por la empresa Acciona contra la adjudicación del contrato de abastecimiento de agua potable y saneamiento a Facsa.

La decisión se tomó durante la celebración de un pleno extraordinario con los votos a favor de PSOE, Reinicia y Cristina Ribas y con la negativa del Partido Popular. Por su parte, el PI -en la oposición desde que se rompiera el pacto de gobierno- decidió abstenerse alegando que «el alcalde ha decidido que haya otra mayoría, con una tránsfuga, en la que nosotros no estamos, así que dejamos que esa mayoría decida». Palabras que no gustaron al alcalde Pep Tur ‘Cires’. «El que ha cambiado de bando es usted. Ribas sigue cumpliendo con su trabajo», remarcó.

Fue el secretario municipal quien se encargó de explicar la decisión del equipo de gobierno. Según dijo, la empresa Acciona interpuso un recurso contra el acuerdo de adjudicación del contrato ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el pasado 12 de diciembre. Posteriormente, interpuso otro recurso potestativo de reposición ante el Consistorio. «Lo que ha pasado es que con la interposición de recursos en tema de contratación, el acuerdo de la adjudicación ha modificado su naturaleza y deja de agotar la vía administrativa», especificó.

De este modo, el secretario consideró que, al seguir abierta la vía administrativa, el acuerdo de adjudicación pierde el presupuesto -requisito básico para poder interponer un recurso de reposición- y, por tanto, procede la inadmisión. Así, la resolución del recurso depende del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que, según subrayó ‘Cires’, «nos ha notificado que podemos continuar con el proceso, lo que significa que estamos actuando de manera correcta»; una notificación que el Ayuntamiento recibió el 21 de diciembre y que dieron a conocer ayer.

El primer edil también recordó que estaban sobreaviso de que cada empresa que participaba en un recurso y no ganaba, presentaba un recurso. «Ahora estamos en ese proceso y queremos la oferta más ventajosa porque es un contrato muy importante para Sant Antoni», recalcó. Asimismo, indicó que la resolución suele tardar de «dos a tres meses», por lo que «esperamos firmar el nuevo contrato de manera rápida», añadió ‘Cires’.

Partido Popular
Sin embargo, para el Partido Popular «se soslaya un recurso de reposición, por cuestiones formales, sin entrar en el fondo del asunto». A juicio de Pepe Sala, la solución pasa por hacer «un informe técnico sobre los recursos, con una consultora externa o por parte de los técnicos municipales, y un informe económico».

Sala sostuvo que, mientras eso no se haga, lo suyo sería «dejarlo encima de la mesa o, como mínimo, suspender la contratación» hasta que la resolución sea firme. En esta línea, pidió «prudencia» a la hora de seguir con la adjudicación sin haberse resuelto el recurso ya que las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Ayuntamiento en caso de no ser favorable «podrían ser millonarias».

Sin embargo, ‘Cires’ dijo que hablar de indemnizaciones es algo «aventurado» ya que el procedimiento está asesorado por el secretario y por los técnicos del Consistorio. «No nos aventuraremos a dar ningún paso que no nos de confianza y si creemos oportuno buscar a una empresa externa, lo haremos», matizó.

De hecho, justificó la decisión de seguir adelante porque, de lo contrario, «sería perjudicial para los ciudadanos». Concretamente, cargó contra la idea del PP de prorrogar a la contrata que todavía sigue dando el servicio, Aqualia, porque «esta ofrecía cinco millones de euros de canon y nosotros hemos hecho un concurso público, abierto y legal, y nos ofrecen 12 millones».

Por ello, indicó que el beneficio para el Ayuntamiento con el nuevo contrato es de 38,6 millones de euros en 25 años, mientras que los beneficios con la prórroga ascendían a 10,6 millones en 20 años. «Nos gustaría saber por qué quieren mantener el anterior contrato porque, vistos los resultados, creo que hemos actuado correctamente», sentenció.

Por su parte, Sala criticó que se hagan «insinuaciones» sobre que su partido defiende a una empresa concreta alegando que lo que defienden es que la adjudicación se haga de forma correcta. «Estamos encantados de que el nuevo concurso beneficie al Ayuntamiento más que antes, pero esos precios no los ha ofertado solo la empresa concesionaria, sino que había tres que rondaban la misma cantidad», añadió el edil popular, quien recordó que «siempre hemos discrepado que quien redactó los pliegos fuese la misma empresa que luego valoraba las propuestas».

El PI
El portavoz del PI, que usó el pleno para recalcar el transfuguismo de Ribas, avisó al equipo de gobierno de la posibilidad de que la empresa concesionaria no haga inversiones hasta que no se sepa la resolución del recurso. Pero ‘Cires’ aseguró que «hay unas bases y la empresa que las firme tendrá que cumplirlas porque se hará un mantenimiento».

Además, Torres remarcó que no estaba al día en el tema de la contrata del agua porque era Ribas quien acudía a las comisiones de pleno; una afirmación que ‘Cires’ rebatió al decir que él formaba parte del equipo de gobierno y podía haber acudido si hubiera querido.