Ante el gravísimo incendio ocurrido el pasado día 21 de enero en el edificio de los juzgados de Instrucción y Violencia de Ibiza, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) utilizó los medios que tenía a su alcance para «intentar depurar las responsabilidades de quienes han permitido que no se adoptaran las medidas adecuadas para evitarlo, ya que las alarmas de seguridad activadas de noche no funcionaron».
Según expresaron en un comunicado, la FeSP-UGT ha estado en contacto «directo» con los funcionarios de los juzgados de Instrucción y Violencia de Ibiza para poder recabar la información necesaria de primera mano. «Se nos ha informado de que, dos meses después del incendio, siguen teniendo problemas», lamentaron.
Entre las carencias que existen está la limitación en el uso de teléfonos y faxes; mesas y ordenadores compartidos por varios empleados en el edificio de los juzgados Civiles y Sociales; utilización de claves de usuario compartidas y un sistema que se cae y cuelga continuamente.
El sindicato recuerdó que son temas penales y de violencia de género, con la sensibilidad y prioridad de medios que se deberían proporcionar desde el Ministerio de Justicia para solucionarlo de manera «urgente». A su juicio, «no hay espacio para que las víctimas estén separadas de los agresores y los médicos forenses y psicólogos atienden en edificios diferentes a la sede judicial».
La FeSP-UGT se puso en contacto con Esquerra Unida para proporcionar una serie de preguntas que se pudieran trasladar al Gobierno central y a la ministra de Justicia a través de su formación en la Mesa del Congreso de los Diputados. Sin embargo, el 4 de marzo se recibió una respuesta insuficiente por parte del Gobierno a las preguntas formuladas.
«El Ministerio de Justicia pretende ampararse en la existencia del expediente digital para matizar la gravedad del elevado número de expedientes calcinados, pero la realidad es que el expediente digital no ha llegado a implantarse al 100% por falta de medios, por lo que existe mucha documentación no digitalizada», criticaron.
UGT sigue exigiendo al Ministerio que actúe de manera «inmediata» para solucionar el grave problema que sufren los empleados públicos al no disponer de medios adecuados y soportar condiciones laborales «pésimas». Para ellos, esto tiene una repercusión negativa en la atención a los usuarios, «pudiendo desencadenar en sucesos más graves a las víctimas de delitos y violencia de género de cara al aumento de población en temporada alta».
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