Imagen de archivo de la ciudad de Ibiza desde Dalt Vila. | Archivo

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament acordó ayer dictaminar una proposición relativa al estatuto especial de capitalidad de la ciudad de Ibiza. En el debate se planteó una transacción para que el municipio de Ibiza reciba seis millones de euros al año, aunque en la votación no salió adelante por los votos en contra del PP y del diputado del Grupo Mixto, Salvador Aguilera. MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca se abstuvieron.

El diputado del Grupo Mixto, Salvador Aguilera, afirmó en su intervención que la Ley ha tenido «tiempo suficiente» para llegar a un acuerdo y «es muy triste» que existan aún divergencias «muy importantes sobre la financiación». Aguilera destacó también las «deficiencias» existentes en el municipio de Ibiza en cuanto a infraestructuras. Desde el PP, el diputado Miguel Jerez reconoció que «aún queda mucho trabajo por hacer» y apeló al resto de partidos para que «agoten todas las vías de acuerdo posibles». El diputado afirmó que el PP es «ambicioso» en relación a la financiación y aportaciones a las que se refieren las enmiendas presentadas por la formación. Así, el Grupo Popular defendió que, en relación a inversiones territorializadas, el Govern debería destinar a Ibiza un 5% y el Consell de Ibiza, un 20%. El popular también destacó que defienden que la isla de Menorca logre un reconocimiento para su Reserva de la Biosfera, con una ley que reconozca este hecho.

Desde Podemos, el diputado Aitor Morrás precisó que se niegan a trasladar a la Ley el «derby» existente entre Menorca e Ibiza a la hora de recibir aportaciones. «Que no se intenten poner palos en las ruedas a esta Ley», insistió. Podemos reiteró que Vila necesita «más financiación», pero ha criticado las exigencias del candidato del PP al Ayuntamiento de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, que «nunca las aceptaría siendo como fue director de Tesorería o conseller de Hacienda porque sabe que no son realistas». El diputado del PSOE, Enric Casanova, defendió, por su parte, que la Ley vela por los intereses de los ciudadanos del municipio, de Ibiza y de parte de los vecinos de Formentera.