La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) criticó ayer, en un comunicado, la pasividad del Consell d’Eivissa después de que se conociera que en la isla puede haber más de 24.000 viviendas para alquiler turístico.
Una cifra que salió a la luz la semana pasada en un acto organizado por la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos (AVAT) al que acudieron dos grandes comercializadoras de oferta turística privada y que se desmintió al día siguiente al considerar que «ni sumando la oferta legal e ilegal se llega a una cifra tan siquiera cercana», matizaron los organizadores.
Para la Fehif el problema está en que «presumen de una oferta ilegal descomunal que comercializan impunemente y no pasa nada» y se preguntaron si el Consell no iba a contrastar estos datos. Y es que, según cálculos de la patronal, si cada una de estas viviendas turísticas tiene un promedio de tres habitaciones, la cuenta se dispara a unas 144.000 plazas turísticas en el mercado. Al contrario, la hostelería tradicional puede rondar las 76.000 plazas y «nadie parece alarmarse».
En esta línea, dijeron que el último informe del catastro en la isla de Ibiza registró 67.003 unidades residenciales; aunque no hay datos exactos, se podría hablar de una capacidad de alojamiento para 402.018 personas.
Por ello, la Federación reiteró que «no es imposible» que haya en Ibiza unos 24.000 alojamientos turísticos no tradicionales, «como tampoco causa ninguna sorpresa la falta de reacción del Consell Insular».
Intrusismo
Una reacción que llegó después, por parte de Vicent Torres ‘Benet’, director insular de Turisme, quien dijo que la entidad insular tiene catalogadas, a día de hoy, alrededor de 20.500 plazas -que no viviendas- destinadas al alquiler turístico vacacional, señaló al tiempo que añadió que «aún no se han finalizado todos los expedientes que están en trámite».
Sin embargo, para la Fehif lo preocupante no es que haya 20.500 plazas autorizadas, «el asunto es cómo se venden otras 20.000 más sin tener permiso», indicó su gerente Manuel Sendino.
En este sentido, ‘Benet’ recordó que, el pasado viernes, se celebró una reunión en la que «estuvieron presentes todos los ayuntamientos y la parte técnica de la mesa de intrusismo en la que se acordó establecer unos canales de comunicación que permitan que, si un inspector o policía detecta una anomalía, se pueda hacer una comunicación más rápida que permita actuar de forma inmediata».
Y es que, según matizó, desde el Consell se incide reiteradamente en que haya una coordinación entre las diferentes instituciones con el fin de evitar el intrusismo, además de que «nuestro servicio de Inspección está haciendo un trabajo continuo de revisar webs».
En cuanto a la plantilla de inspectores que hay actualmente -un total de seis-, ‘Benet’ dijo que se añadirán dos más en las próximas semanas. Aún así, para Sendino la solución al alquiler ilegal no pasa por ahí. «El problema más grande es la impunidad y la permisividad histórica que nos ha llevado al incumplimiento generalizado y al encarecimiento de la vivienda para el alquiler normal», lamentó.
Así, acusó al Consell de «falta de interés» y pidió «más dedicación» para solucionar la problemática. «Yo pongo el ejemplo de la zona azul. Somos capaces de saber si un coche ha estado 10 minutos aparcado o no porque hay sistemas y medios que permiten controlar estas cosas. A lo mejor no es un problema de inspectores y lo es de procedimientos. La Administración cuando se pone detrás de un tema, lo consigue», añadió.
Expedientes
Por otra parte, el director insular de Turisme detalló que durante los tres primeros meses de este 2019 se han abierto alrededor de 80 expedientes, 50 de ellos corresponden a pisos turísticos.
Además, recordó que hay 40 expedientes en trámite «con propuesta de sanción» correspondientes a actuaciones de 2018, con un importe de 223.000 euros. Y, hasta el 28 de marzo, se han cobrado 68.000 euros en relación a alquiler ilegal.
‘Benet’ explicó que la mayor parte de los expedientes surgen de avisos de terceros o de las propias plataformas digitales que los publicitan; es el caso de Airbnb que fue sancionada por el Govern balear, que «está en proceso de recaudación», y por el Consell, que sigue en trámite. «También abrimos expedientes a plataformas más pequeñas que están haciendo una oferta ilegal importante», puntualizó, sobre las que dijo que ya hay varias sancionadas.
Aunque para el director insular de Turisme «está bien» que existan este tipo de plataformas, recuerda que la oferta tiene que estar reglada.
1 comentario
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La solución que a mí se me ocurre es: Contratar personal suficiente para sancionar las ilegalidades. A éstos empleados se les paga con la recaudación de las sanciones. Involucrar a hacienda para garantizar los cobros. Si no pagan las sanciones se les embarga. El intrusismo en Ibiza en todos los sectores es exagerado e inaceptable y los políticos deben darnos una solución. Aunque solo sea por la mala imagen que se le da al turista, ya es motivo suficiente para solucionarlo urgentemente.