Los concejales del PP votaron en contra de la revisión de oficio del acuerdo por el que se otorgó la licencia al chiringuito. | J.A.T.

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, en sesión extraordinaria y con el voto en contra del PP y la abstención del PI, aprobó ayer revisar de oficio el acuerdo de la junta de gobierno del 25 de abril de 2018 por el que concedió, de manera urgente, la licencia de actividad a la empresa promotora del chiringuito de Cala Gració al entender que dicho otorgamiento es «nulo de pleno derecho por incumplimiento del planeamiento urbanístico municipal», según un informe elaborado por el letrado experto en urbanismo Pau Mir y que ayer leyó la concejala de Urbanisme, la tránsfuga Cristina Ribas.

El inicio de este expediente conlleva también la suspensión de la licencia otorgada en su día, por lo que el chiringuito de Cala Gració no podrá abrir este verano, como así manifestó al Ayuntamiento. «El año pasado los pudimos parar porque les faltaba el certificado de final de obra, pero a partir de hoy (por ayer) ya no les hace falta porque cambia la Ley de Actividades. No les queremos causar más perjuicio porque nos han dicho que en mayo quieren abrir. Estamos pensando en ellos al adelantar este pleno», señaló Ribas.

La concejala tránsfuga explicó que poseen hasta seis informes técnicos –elaborados por «la inspectora de Urbanisme, la arquitecta municipal, la jefa de Urbanismo, la jefa de Territori del Consell, un informe externo de un letrado experto en urbanismo y de una catedrática de la Universidad de Madrid (sic) especializada en urbanismo», según Ribas– que sostienen que «hemos dado mal la licencia porque aquello es rústico y paraje preservado».

Cristina Ribas culpó del error, sin nombrarlo, al secretario del Ayuntamiento, que fue quien informó favorablemente del chiringuito «y dijo que era tenía un uso compatible y que tenía escasa construcción, que era desmontable, pero no lo pasó a Urbanisme». La concejala tránsfuga señaló que han pedido «la revocación» de la autorización de la Demarcación de Costas para la instalación del chiringuito en la Punta de Cala Gració «porque la calificación de la zona es errónea, ya que la calificaba como tramo urbano». «Nosotros dimos la licencia en base a los informes que venían favorables y posteriormente, cuando vimos que era una cosa que preocupaba mucho a la ciudadanía, decidimos ver si nos habíamos equivocado y lo volvimos a mirar, porque rectificar es de sabios», apuntó Cristina Ribas.

En manos del Consultiu
A partir de ahora, la promotora del chiringuito de Cala Gració, Bambagas S.L., tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones. Una vez el Ayuntamiento de Sant Antoni haya terminado este expediente, se le dará traslado al Consell Consultiu, que será quien tenga la última palabra sobre la nulidad o no del acuerdo del 25 de abril de 2018. «Hay informes que entiende que el acuerdo es nulo de pleno derecho y en base a ellos se inicia este procedimiento, que se tiene que instruir y se resolverá. Solo se podrá anular la licencia si existe un informe favorable del Consell Consultiu. Eso es una garantía para el ayuntamiento», apuntó el secretario durante el pleno y a petición del concejal del portavoz del PI, Joan Torres.

EL APUNTE

«Una demostración más de la mala gestión del tripartito»

El PP aseguró ayer que la suspensión de la licencia concedida al chiringuito de Cala Gració es una «demostración más de la mala gestión del tripartito durante esta legislatura». El portavoz del PP, Marcos Serra, recordó que en su día ya otorgaron este permiso de instalación «por vía de urgencia», cuando actualmente las licencias están tardando entre dos y tres años y ahora aprueban la nulidad «con prisas, en un pleno mal convocado, sin justificar la urgencia y sin pasar por la comisión». «El procedimiento no es el adecuado y los afectados podrán recurrir, por lo que tendrán derecho a mayores indemnizaciones y la licencia del chiringuito seguirá en vigor», explicó Serra, que insistió en que el PP «está en contra del chiringuito».

«Con el chiringuito y el albergue han otorgado dos licencias mal dadas que pueden conllevar importantes indemnizaciones, que supondrán un alto coste para la ciudadanía y que son un ejemplo más de la desastrosa gestión del tripartito», concluyó Serra.