El Govern asegura que no tiene la «obligación legal» de financiar el 30 % de Ca na Putxa

En este sentido, dijo que el mencionado Plan, en su disposición adicional 9, sostiene que hay un año de plazo para hacer un convenio de financiación entre el Govern y el Consell, pero «han pasado 18 años y el coste que estaba previsto en 2001 no es el mismo que en 2019». Aún así, reiteró Sansó, el Ejecutivo balear tiene la «voluntad política» de colaborar con la máxima institución insular.

Asimismo, explicó que no han recibido «ninguna» petición formal en este sentido; lo que sí dijo es que se iniciaron «conversaciones» con el anterior gobierno del Consell. Sin embargo, Vicent Roig, conseller de Medi Ambient, señaló que «se ha pedido en varias ocasiones y nosotros lo vamos a exigir porque es un derecho de los ibicencos».

Por otra parte, el director general de Residuos negó que sea el Consell d’Eivissa quien financie la nueva planta del vertedero porque «se sacó a concurso la construcción de la explotación y la UTE responsable es quien hace las inversiones y después las recupera con la tarifa», recalcó. Por tanto, «no hay una aportación directa del Consell».

Afirmaciones que no compartió Roig al decir que «realmente quienes pagan esto son los ayuntamientos al pagar la tasa de entrada para dejar la basura».

Tasas
Hace dos días, en una visita a la nueva planta de triaje, Roig señaló que la tasa de basura que pagan los ciudadanos de Ibiza podría verse reducida gracias a la supuesta financiación del Govern, alguna posible subvención europea y al rédito que generen las nuevas instalaciones.

Nada más lejos de la realidad, el director general de Residuos explicó que una de las causas principales de que no se reduzcan los residuos, haya tanto rechazo y los vertederos se llenen tan rápido es que «el precio de la tarifa es demasiado barato».

A su juicio, lo que se tiene que conseguir es que la tarifa «conciencie» al ciudadano para que trabaje en reducir los residuos. «Nosotros no podemos hacer nada que vaya encaminado a reducir la tarifa de este vertedero porque iríamos en contra de las directrices de aumentar la vida útil de la instalación», añadió. Como ejemplo, indicó que en Mallorca se pagan unos 130 euros de tasas, mientras que en Ibiza unos 40 de media.

También recordó que Baleares pretende hacer pagar más a quien más contamina; una medida cuestionada por el Gobierno central que puede llevar la Ley de Residuos y Suelos Contaminados al Tribunal Constitucional.

Plan Director
En relación al Plan Director del 2001, Sansó mostró su preocupación ya que «urge» su aprobación porque, de lo contrario, «nos llegará una multa europea» por incumplimiento en tiempo y forma de los planes de gestión de residuos. «Mallorca y Formentera ya lo han aprobado, Menorca está en su fase final y estamos a la espera de ver cómo evoluciona Ibiza», detalló.

En este sentido, Roig puntualizó que se está siguiendo el trámite preestablecido por el anterior equipo de gobierno. Y es que cabe recordar que el Consell aprobó en marzo el contenido del Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de Ibiza que está ahora en proceso de contestación de alegaciones.

Se han presentado un total de 14 por parte de ayuntamientos, la empresa concesionaria de la UTE y la Conselleria de Medi Ambient, entre otros. «En cuanto lo tengamos lo pasaremos a la Comissió balear de Medi Ambient para que siga los trámites que tiene que seguir», puntualizó el conseller.

De momento, aseguró que se trata de un trabajo «muy técnico» que están impulsando desde la institución, siempre intentando «acortar» los plazos. Aunque Roig no quiso aventurarse con los tiempos, dijo que la intención del Consell pasa por aprobarlo este año.

En el Plan se realiza un diagnóstico sobre la situación actual de la gestión de residuos en Ibiza y se lleva a cabo una previsión de futuro estructurada en tres posibles escenarios en relación a la evolución de la generación de residuos, considerando la situación más favorable, la menos y una intermedia. También se realiza una estimación de las necesidades presupuestarias para ejecutar líneas de actuación.

Entre sus objetivos se encuentra reducir en peso la generación de residuos por habitante y año, logrando también que en 2020 el cien por cien de los residuos sean tratados antes de ser destinados a depósitos controlados.