«Queremos que como muy tarde el edificio esté a finales de año, principios del año próximo». Con estas palabras el secretario general del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo, verbalizó ayer los nuevos plazos que se ha marcado el Ministerio de Justicia para la entrada en funcionamiento del juzgado de sa Graduada. Preguntado por una fecha más concreta, Antonio Viejo indicó no poder dar una, pero de sus palabras se desprendía que hasta 2020 no será posible realizar actividad judicial en la nueva sede judicial de Ibiza.
El responsable del Ministerio de Justicia hizo estas manifestaciones durante la conferencia de prensa realizada tras la celebración de la apertura del año judicial en la sala de vistas de la torre 7 del Cetis.
El acto estuvo encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), Antonio Terrasa, quien resaltó que «hoy -por ayer- nos interesa especialmente Ibiza porque lleva unos meses sometida a una situación delicada, diría incluso tortuosa», en referencia al caótico panorama abierto en la administración de Justicia de las Pitiusas tras el incendio intencionado que la madrugada del 21 de enero dejó inoperativos los Juzgados ubicados en la avenida Isidor Macabich.
Demora por nuevas incidencias
El nuevo plazo fijado por Antonio Viejo supone una nueva demora en las previsiones de un edificio al que ningún responsable de Justicia pone una fecha concreta. Así, los plazos dados por los diferentes delegados del Gobierno se han visto superados. A finales de agosto, el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, ya veía poco factible los plazos dados por Ramón Morey. Ahora la expresión del delegado de Justicia de CSIF, Sabino Aramburu «nos darán las uvas en los juzgados provisionales» -apuntada antes del verano- lleva camino de cumplirse.
Insistido por los periodistas, el secretario general de la Administración de Justicia argumentó que «incidencias de última hora, no sólo relativas a la edificación sino a la adecuación del edificio, han impedido la puesta en marcha de los nuevos juzgados, a pesar de que la entrega estaba prevista para este mes».
Por su parte, Antonio Terrasa subrayó que «la recuperación de la normalidad dependerá de las posibles incidencias». Respecto a la marcha de la actividad judicial añadió que «una vez se recobre la normalidad, quedará una bolsa de retraso que habrá que atacar con medidas diferentes y supletorias». «Es cierto que el Ministerio de Justicia no ha logrado avanzar las obras. No se ha conseguido acortar los plazos, pero la idea es que estamos en ciernes de recuperar la normalidad», remarcó Terrasa, quien añadió que en la primera fase se trasladarán los cuatro juzgados de Instrucción, los dos Penales y otros órganos como el Instituto de Medicina Legal y Forense o el servicio de atención psicológica. Terrasa añadió que el Ministerio de Justicia ya ha confirmado que también se ubicarán en el nuevo edificio los juzgados de lo Social.
El presidente del TSJIB, quien tildó de «desgraciada y calamitosa» la situación de la Justicia en Ibiza tras el «acto criminal» cometido la madrugada del 21 de enero, señaló que durante la jornada de ayer los responsables del Consejo General del Poder Judicial ya habían mantenido un encuentro con el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, para analizar cómo implementar las medidas para recuperar el retraso, una pendencia de casos que «todavía no se puede contabilizar».
Más causas pendientes
Durante la apertura del año judicial se avanzaron los datos del partido judicial de Ibiza en este 2019. El balance facilitado por el TSJIB refleja un aumento considerable de la pendencia entre julio y el 11 de octubre. Así, hasta el pasado viernes, los cuatro juzgados de Instrucción acumulaban 6.177 asuntos pendientes, casi el doble de los 3.345 pendientes al cierre del primer semestre. Los dos Penales suman 291 asuntos pendientes -81 el Penal 1 y 210 el Penal 2-. En el juzgado de Violencia sobre la Mujer hay una pendencia de 340 casos -89 en la jurisdicción civil y 251 en la penal-.
En cuanto a los datos del primer semestre de 2019, los juzgados de Primera Instancia acumulaban 5.915 casos por resolver, un 48,5 por ciento más que en el primer semestre de 2018. Por su parte, en los juzgados de Instrucción la pendencia aumentó un 21,8 por ciento en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En los juzgados de lo Social, los asuntos pendientes son 1.020 frente a los 807 que se registraron al cierre del mismo periodo de 2018. Terrasa apuntó que ha habido un repunte en el orden civil por la mayor cantidad de casos registrados, pero también se han resuelto más.
Repunte de delitos
La apertura del año judicial se abrió con el balance ofrecido por el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, quien apuntó que durante 2018 las diligencias previas incoadas ascendieron a 51.417, un aumento del 1,3 respecto al 2017.
Barceló advirtió que las estadísticas de criminalidad no son cien por cien fiables, ya que hay delitos que no se denuncian, a veces se incoan varios expedientes por un mismo delito, o un caso por varios delitos. No obstante, apuntó que los delitos más frecuentes siguen siendo los delitos contra el patrimonio, «especialmente robo con violencia, que aumentaron, mientras que disminuyeron los robos en viviendas. También aumentaron los hurtos, las estafas por Internet, los delitos contra la vida y contra la libertad sexual.
El fiscal general de Balears también destacó un ligero descenso de los delitos de violencia de género, aunque advirtió un aumento de los casos de menores, los de relaciones cortas y los cometidos a través de las redes sociales.
Terrasa y Barceló encabezaron un acto,«más simbólico que solemne», según señaló el presidente del TSJIB, junto a una nutrida representación del mundo de la judicatura entre los que figuraban el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, la coordinadora de la Fiscalía de Ibiza, Mamen Navarro, o la secretaria coordinadora del TSJ para Menorca y las Pitiusas, Josefa Juan.
El acto también contó con la asistencia del presidente del Consell, Vicent Marí, y del director insular de la Administración General del Estado en la Pitiusas, Enrique Sánchez.
2 comentarios
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Van pasando los meses con mentiras y mas mentiras, porque no dicen desde un principio la fecha real teniendo en cuenta los contratos con la constructora y las empresas de equipamiento y dejarse de mentiras hoy digo una cosa y mañana otra aunque parece que está en el ADN del Psoe.
Si esto pasa en Palma o en cualquier otro sitio que no sea Ibiza se soluciona en una semana . Pero aquí ... Es una vergüenza y nadie dice nada (políticos ibicencos, todos , calladitos ) y nadie se hace responsable del caos. De que nos sirve Sr. Terrasa y Cia que el caso Urdangarin fuera ejemplar y saliera bien el juicio si aquí llevamos un año sin justicia penal por un miserable fuego .