La organización, que expresó en un comunicado su rechazo al anuncio de la oficina antiintrusismo del Consell de Ibiza de centrar su labor en precintar los pisos turísticos, se marca como objetivo hacer cumplir la normativa europea «consintiendo el establecimiento de apartamentos turísticos mediante la comunicación previa y licencia medioambiental, regulando las mismas bajo el prisma de calidad y no primando los intereses de los grandes operadores».
La asociación de propietarios de apartamentos turísticos recordó que el Defensor del Pueblo manifestó en diciembre de 2014 que «la normativa restrictiva del Govern balear afecta a la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución».
Desde Apartur Ibiza y Formentera también subrayaron la necesidad de «racionalizar la oferta turística en aras de conseguir un consenso y unas directrices de actuación que permitan a cualquier operador prestar los servicios turísticos sin menoscabar los derechos y libertades de la ciudadanía».
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