El pago de la deuda del Consell d’Eivissa con la Asociación de Madres y Padres de Discapacitados de Balears (Amadiba) por los servicios prestados en la isla tiene una solución complicada. Al menos si atendemos a los informes de los técnicos del propio Consell. Una deuda que supera los dos millones de euros por los servicios de atención a personas con discapacidad que el organismo insular tenía la obligación de prestar y que, por falta de medios, se decidieron concertar, sin éxito hasta este mes, con Amadiba.
El Consell anunció en el pleno del pasado 25 de octubre su voluntad de estudiar la situación de la deuda con la asociación para desatascar el pago de unos servicios necesarios para más de 50 familias de la isla.
Uno de los aspectos que más dudas genera es la firma de dos contratos de prestación de servicios el 1 de enero y el 23 de marzo de 2018. Se trata de los dos únicos documentos que llegaron a firmarse entre el Consell y Amadiba, en cuya rúbrica intervino la exconsellera de Sanitat, Benestar Social i Igualtat, Lydia Jurado.
Unos contratos que no se tramitaron por la vía adecuada conforme a la Ley de Contratos de la Administración Pública, según los propios técnicos del Consell. La consellera que actualmente ocupa el departamento de Benestar Social, Carolina Escandell, confesó hace unas semanas en el programa BNP de TEF que, a pesar de estar trabajando en este tema, «hoy por hoy, la situación está tan embrollada que no tenemos una hipótesis para solucionarla».
Los contratos
El primero de los contratos se firmó cuando Amadiba ya llevaba seis meses prestando sus servicios. Debido al retraso que ya se estaba produciendo en la concertación, la asociación solicitó la redacción de un convenio para financiar los gastos de los servicios prestados hasta ese momento. Ese convenio no se llegó a formalizar y desde el Consell propusieron la firma de un contrato privado de prestación de servicios el día 1 de enero.
Mediante este contrato, redactado por el propio Consell, la institución encarga a Amadiba la realización del servicio específico de Centro de acogida de menores con discapacidad intelectual grave en los casos que se requiera la medida de protección tanto de guarda como tutela o por delegación de los padres que lo soliciten.
Este documento se firma por la «necesidad urgente de disponer de un recurso específico para prestar el servicio [...] que no puede darse en otro centro residencial de protección de menores de la isla».
La intención del Consell d’Eivissa era iniciar más adelante un «expediente de contratación para tramitar el contrato público para la gestión de este servicio público de acogida». Así indica el contrato que ya se había pedido al departamento de Contratación.
El contrato preveía cinco plazas en este servicio a un precio de 124,12 euros la plaza por día. El traslado a este centro de los menores, en los casos en que fuera necesario, se debía hacer por resolución debidamente motivada de la consellera de Sanitat, Benestar Social i Igualtat.
En este caso la funcionaria que firma el informe técnico sobre los servicios ofrecidos por Amadiba aprecia dos errores en la forma del contrato.
El primero es respecto a la competencia de la consellera para firmarlo, dado que el contrato ascendería a 226.519 euros al año, y «no es competencia de la consellera del departamento la aprobación del expediente de contratación ya que excede el máximo de 50.000 euros».
El decreto 287/2015 al que hace referencia dispone que los consellers ejecutivos pueden aprobar expedientes de todo tipo (como es un contrato de servicio) cuando el presupuesto supere los 50.000 euros, pero no exceda los 200.000. Si valoramos la cuantía anual como referencia, la competencia de firma hubiera sido del presidente del Consell d’Eivissa, en aquel momento Vicent Torres.
Por otra parte, el informe indica que no se cumplió con el requisito de que los casos se derivaran mediante resolución de la consellera.
El segundo contrato, del 23 de marzo, es para la gestión de un Centro residencial de acción educativa especializada (CRAEE) para atender a menores con problemas graves de conducta psiquiátricos. La contratación de este servicio, como entidad competente en materia de protección de menores, se hace con Amadiba por las limitaciones del Centro Pare Morey del Consell d’Eivissa. El centro prevé ocho plazas a 150 euros por persona y día. El informe técnico valora el contrato en 438.000 euros al año, por lo que también excedería la competencia de la consellera.
El CRAEE cerró el pasado 30 de junio tras dos avisos de impago al Consell d’Eivissa.
Amadiba
Desde Amadiba indican que la contratación del CRAEE se hizo a petición del Consell d’Eivissa, aunque la entidad no se había planteado ofrecerlo en la isla. Se trata de un servicio que ofrece en Mallorca desde hace años y por esta experiencia se solicita al serle imposible a la entidad insular prestarlo a pesar de tener la competencia en materia de protección de menores.
En cuanto al otro centro, explican que se trataba de menores a los que ya atendían en Mallorca, con el desarraigo y la dificultad que ello suponía a las familias ibicencas. Con esta medida «se daba viabilidad a una atención que ya se estaba dando».
La asociación no ha cobrado ninguno de estos dos contratos a pesar de haber prestado el servicio.
9 comentarios
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Podríamos estar de acuerdo que no siguieron a rajatabla los interminables y muchas veces absurdos trámites que hoy rigen la administración, pero no lo hicieron para enriquecerse personalmente ni a amigos, el objetivo no fue otro que ayudar y dar servicios a un colectivo desprotegido y largamente olvidado
Y firmado el 1 de enero.... Jeje Lo que está claro, es que hasta que no haya una ley, que los haga responsables de verdad con su patrimonio, no se solucionará nada.
Lidya jurado y judit romero,las dos de podemos, hicieron la legislatura pasada en la conselleria de bienestar social del Consell,una gestión que mezcló la ignorancia, la prepotencia y la bajeza moral ayudadas por alguna jurista de la casa. A medida que se levanten las alfombras seguro que saldrán mas cosas.... Todo a fiscalía y que se determinen posibles responsabilidades patrimoniales
Podemos y sus miembros elegidos , por imperativo legal , son un partido incapaz de hacer las cosas mal , así que todo este embolado debe ser una treta de la derechona , así que ....pelillos a la mar. . Jjajajajajaj .
La semana pasada se publicó que éstos expedientes se llevarán a Fiscalía... Y después seguirá el curso que deba seguir. Pues bien, dejen el circo mediático y Srs. gobernantes de ahora, pónganse a trabajar y tomen la mitad de decisiones valientes que se tomaron entonces
O sea, que "los papelitos" firmados a los que se refería la Consellera Carolina Escandell eran dos Contratos de Prestación de Servicios firmados por la exconsellera Lidya Jurado... que uno lo leía y parecía que la asociación había presentado servilletas de papel.
El partido Podemos debería echarle a esta gentuza.que no hecho quedar tan mal .cuando gobernaban y nosotros sus fieles seguidores existimos endurezcan las penas esta gente no deben volver nunca más a gobernar ....así estannn
Está claro que esto huele raro pese que el objetivo final era la atención a usuarios; pero...como es posible que una empresa o asociación empiece a dar un servicio durante mucho tiempo sin ningún contrato. Veo temeridad en AMADIBA.
Que raro? Y puede firmar un conseller un contrato por el morro sin que los informes tecnicos del Consell le paren los pies... carai aqui huele todo a chamusquina!!! Mucha gente hizo la vista gorda.