La oposición no votó a favor de este nuevo convenio (Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra) y planteó sus dudas respecto a determinados aspectos que consideraron que podría haberse negociado mejor.
Por parte de Ciudadanos (C’s), José Luis Rodríguez, hizo mención a la apostilla en varias clausulas que indica que el suministro se dará «siempre y cuando la disponibilidad de recursos lo permita». «¿Y sino que pasa?», se preguntó Rodríguez que indicó que el suministro de agua debe estar totalmente garantizado.
El grupo Popular solicitó la retirada de la propuesta con el objeto de «ser constructivos», indicó su portavoz José Vicente Marí Bosó.
Cuestionó cuatro aspectos del convenio: el compromiso de pagar por una cantidad fija de metros cúbicos independientemente de las necesidades reales, la diferencia de precio entre lo que establece el estudio de precio y el fijado por el convenio, que supone pagar 200.000 euros más al año; la previsión de costes, que se ha hecho con previsiones de gastos que ya se conocen; y el cobro de un concepto por la interconexión de las desaladoras de la isla, que debía pagar el Impuestos de Turismo Sostenible.
El concejal de Medio Ambiente, Jordi Salewski, agradeció que hubiera una conciencia entre los grupos políticos por el tema del agua. Indicó que las cláusulas del convenio son las mismas que han firmado todos los municipios de Balears.
Por otra parte aseguró que «el Ayuntamiento sale ganando con este convenio por el que paga el agua más barata». Además insistió en la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de hacer un uso adecuado del agua y reducir así su consumo.
Otros asuntos
Todos los grupos municipales se adhirieron a la declaración institucional por el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un texto con el que el Ayuntamiento manifestó su «firme compromiso con las mujeres víctimas de violencia machista» con el objetivo de erradicarla.
Es para ello que se solicitó que el Estado siga impulsando las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se plasmó por escrito la voluntad del Consistorio de desarrollar políticas de igualdad y acciones de prevención y sensibilización contra este problema.
Por otra parte, desde la oposición se cuestionaron las bases de las ayudas a la vivienda para jóvenes del municipio. La valoración provisional de ayudas adjudica 38.056,75 euros de los 100.000 presupuestados.
Desde C’s propusieron: aumentar la renta máxima (22.558 euros anuales más 3.759 euros por cada persona que forme parte de la unidad de convivencia), el límite de la renta de alquiler (1.000 euros) y la edad para solicitarlas.
La concejala de Juventud, Claudia Cotaina, defendió las bases actuales al indicar que el límite al precio del alquiler era una medida para evitar que las ayudas fomenten una inflación de los alquileres, que el límite de renta se fijaba para que accedieran a las ayudas «los que más las necesitan» y que el tramo de edad (de 18 a 35 años) era el adecuado «para unas ayudas a la emancipación» que complementan otras ayudas ya existentes del Estado y la Comunidad Autónoma.
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