XLI Aniversario de la Constitución

Las instituciones defienden en Ibiza la Constitución como marco modificable

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El presidente del Club de Majors de Sant Mateu, Joan Bonet, fue el encargado de leer los artículos 45 y 46 de la Constitución.

El presidente del Club de Majors de Sant Mateu, Joan Bonet, fue el encargado de leer los artículos 45 y 46 de la Constitución.

Toni Planells

El Centro Social de Sant Mateu fue escenario ayer del acto institucional en Ibiza para conmemorar el XLI aniversario de la Constitución Española de 1978. El espacio lucía blanco, recién pintado, para recibir a los asistentes, en su mayoría representantes políticos y mandos militares de la isla.

Durante el evento intervinieron el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y el director insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Enrique Sánchez. Tres discursos que coincidieron en la mención a dos aspectos: la Constitución como marco de las reglas del juego, fruto de un consenso histórico en la sociedad española; y la posibilidad de modificar la carta magna dentro de las reglas que fija el propio texto.

Mientras sonaba ‘Nature Boy’ de Nat King Cole, entre otros temas, los políticos formaban corrillos antes de empezar el acto en Sant Mateu. El ambiente animaba a salir de la zona de confort, charlar con el que se sitúa en las antípodas políticas y, por un rato, dejar de lado las diferencias y apelar a lo que nos une como sociedad.

Nacido en democracia

La primera intervención de la mañana corrió a cargo del alcalde de Sant Antoni, como principal autoridad del municipio anfitrión del evento. Serra, que nació dos años después de que se ratificara la Constitución y ha vivido siempre en democracia, quiso echar la vista atrás en su discurso. «A medida que fui creciendo he visto cómo, en el marco que nos dimos, se desarrolló un estado democrático de bienestar, que procura que se atienda a los ciudadanos de la mejor manera posible a través de un sistema educativo, social y sanitario de calidad».

Tuvo también palabras para aquellos sectores de la sociedad «que ponen en duda la validez de la Carta Magna», a los que recordó que «una de las virtudes de la Constitución es que no está concebida como una realidad inmutable, sino como un marco de convivencia creado desde el consenso mayoritario que siempre se puede modificar si existe el mismo consenso».

Consideró que la sociedad no debe tener miedo a que se lleven a cabo «los cambios que se consideren necesarios» siempre que se respeten los procedimientos que prevé la propia ley, que ya engloba la defensa de «un Estado con pluralidad de culturas y lenguas», que ya contempla la autonomía y el autogobierno de los territorios.

Altura de miras

Vicent Marí se mostró orgulloso de participar en el acto conmemorativo de la Constitución «por primera vez como presidente del Consell d’Eivissa». Una institución que recordó que fue fruto precisamente de ese mismo texto que daba «capacidad de autonomía a los municipios, provincias y comunidades autónomas». Así, se remontó a la Universidad que gobernaba la isla en el siglo XIII como uno de los primeros antecedentes de autogobierno en la isla.

Defendió la Constitución como «base firme y sólida de una democracia que nos corresponde a todos hacer crecer en el mismo consenso político y social que marcó en su día el camino a lo que somos hoy en día».

Como «mejor prueba del éxito» de una Constitución que nació en el seno de una democracia «incipiente y frágil», señaló la realidad actual de una «democracia fuerte y avalada por el Estado, que, por muy diferentes que sean nuestras ideas nos hace a todos iguales y nos otorga los mismos derechos y los mismos deberes».

«En la actual situación de crisis de credibilidad de los políticos ante los ciudadanos [...] tenemos la obligación de valorar todavía más aquello que se enmarca en el espíritu constitucional y que es tan necesario: la concordia, la unidad y la altura de miras que tuvieron los representantes políticos hace 41 años», apeló a los políticos, mayoría en el evento.

Sin miedo

También valoró, como había hecho Serra, que no debe existir «miedo» al cambio ni a «afrontar nuevos escenarios que seguro que tendrán cabida dentro de nuestra constitución». Unos cambios que «para que tengan éxito y duren» tendrán que trabajarse con «humildad, unión y voluntad de consenso».

Enrique Sánchez animó a revisar las hemerotecas para ver «que no fue fácil sentar a ministros franquistas con exiliados comunistas en la misma mesa», algo que «parecía una locura en aquel momento» y que dio lugar a discrepancias, tensión, miedo, bloqueos y desbloqueos». Sin embargo, «prevaleció la valentía y la visión a largo plazo».

Un texto fruto de mucho trabajo y consenso que también «ha sufrido desgaste y erosión».
Apeló al «tan manido» espíritu de la transición como «resultado de empatía política y de respeto por la diferencia», que lleva a comprender que «solo podemos crecer como democracia si ponemos al acuerdo como motor».

Además, advirtió que la Constitución no se puede usar como arma de confrontación, medida para excluir ni razón para ahondar en la fractura social. «Solo quien quiere destruirla podrá excluir de ella a quien piensa diferente», afirmó.

Así, valoró la Constitución como «espacio de convivencia y diálogo» que adquiere su valor cuando se tiene en cuenta que es «una herramienta viva y dinámica que se puede mejorar, siempre que se haga dentro del respeto de las reglas del juego comunes».

«Tan constitucional es considerar como fundamento de la carta magna a la indisoluble unidad de la nación española, como decir que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran», sentenció.

EL APUNTE

Protección del medio ambiente y del patrimonio

Al final del acto, el presidente del Club de Mayores de Sant Mateu, Joan Bonet de Sa Cova, fue el encargado de leer dos de los principios rectores de la Constitución recogidos en los artículos 45 y 46. Se trata de la obligación de los poderes públicos de «velar por el uso racional de los recursos naturales», como garantía del «derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado», y de la obligación de la administración de conservar y promover «el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España».

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