De izq. a dcha. ‘Agustinet’, Armengol y Antonio Lorenzo, que cobra el plus de residencia junto con PIlar Costa y Ramón Roca. | Toni Planells

La presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se manifestó ayer sobre la polémica surgida por el plus de residencia de 22.000 euros anuales que cobran los altos cargos que no son de Mallorca sino del resto de Balears y de la Península por ejercer su labor política en el Ejecutivo autonómico en la isla de Mallorca. A este respecto, Armengol señaló que esta «indemnización, porque no es un plus» no es «nueva» ya que está aprobada «desde hace 20 años y es algo público, transparente, que se puede consultar y se vota en los presupuestos y todos los que ahora están hablando lo han votado. Creo que es lógico que facilitemos que los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera hagan política en Mallorca porque el Govern es de todas las Islas, no sólo de Mallorca». Sobre la ampliación de esta indemnización por residencia a gente que viene de la Península, Armengol señaló que «esta indemnización es para poder asumir el desplazamiento y, por tanto, la residencia en Mallorca y, obviamente, afecta a gente que viene de otros sitios. No veo la polémica a una cuestión que ha existido siempre y que se trata de favorecer que haya representación política en Mallorca».

Podemos Balears reacciona
Cabe destacar que entre los nombres que figuran en el listado de altos cargos que cobran esta indemnización de 22.000 anuales por residencia, aparte del sueldo, figuran tres socialistas ibicencos: Antonio Lorenzo (que tiene un sueldo de 30.621,37 euros como jefe de secretaría del gabinete de Presidència de Pilar Costa y cobra 300 euros por asistencia a cada pleno de Sant Antoni y otros 250 por asistencia a comisiones informativas de Sant Antoni, además del plus de residencia de 22.000 euros anuales), Pilar Costa, que percibe un sueldo de 58.461,06 como consellera de Presidència y el plus anual de 22.000 euros y Ramón Roca, que ingresa anualmente 53.317,46 euros como director general de Modernització i Administració General del Govern y el plus de 22.000 euros de residencia.
Podemos Ibiza continúa guardando silencio sobre esta polémica, pero la formación morada a nivel balear ya se ha pronunciado y ahora dice que quieren llevar al Parlament la propuesta de rebajar de 22.000 euros a 12.000 euros esta indemnización por residencia fuera de Mallorca y que los costes de hospedaje y desplazamiento tengan que ser justificados con la aportación de facturas.
El partido morado explicó ayer que planteará esta modificación de la regulación actual mediante una transacción in voce a la enmienda de supresión del plus de MÉS per Menorca que se debatirá en el pleno de presupuestos el próximo martes.
Podemos responde en un comunicado a «la polémica suscitada los últimos días en los medios de comunicación» sobre el complemento de 22.000 euros sin control del gasto que cobran los altos cargos del Govern que residen oficialmente fuera de Mallorca, tanto en Menorca y las Pitiusas como en la Península.
La formación de los consellers Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha señala que, además de cambiar la actual configuración de la indemnización por residencia, presentará ante la Mesa del Parlament una propuesta para que las dietas de los diputados tengan también que someterse a la justificación del gasto.

Podemos defendió en un primer momento la necesidad del sobresueldo de 22.000 euros para los altos cargos de fuera de Mallorca, establecida desde 2000 para los residentes en Menorca, Formentera e Ibiza y en 2011 para los empadronados en la Península. La propuesta que han anunciado los podemistas sostiene que la compensación rebajada y justificada de 12.000 euros se mantenga para todos los miembros del Govern empadronados fuera de Mallorca, «ya que se justifica por el doble esfuerzo que se tiene que hacer en materia de vivienda». El partido de los círculos aseguró que, en caso de no aceptarse su transacción, adoptará la medida a título interno y destinará el dinero sobrante «a entidades sociales de Balears» y registrará una iniciativa parlamentaria para que la Cámara se pronuncie sobre la rebaja a 12.000 euros y el control del uso de esos fondos.